La comisión municipal de tierras de Caleta Olivia es el paso previo a cualquier trámite relacionado con lotes fiscales, antes que el intendente pueda firmar una entrega o hacer frente a un reclamo relacionado.
Se trata de una entidad bidepartamental, es decir está conformada por funcionarios del Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante. La normativa marca que solo puede funcionar cuando los representantes de ambos departamentos están debidamente nombrados, y su función es analizar y dar el visto bueno a cada trámite relativo a las tierras bajo control municipal.
Una vez que fueron designados los referentes, la pandemia dilató los tiempos, y recién en las últimas horas se registró la primera reunión del año.
Los integrantes son: Leonardo Benítez, director de tierras y presidente de la comisión, el subsecretario de planificación Cristian Linches, el secretario de Gobierno Pablo Calicate, el concejal Gabriel Murúa y su par, el presidente del Concejo, Miguel Troncosó. Éste último no pudo asistir. Es notoria la inexistencia de representantes mujeres.
En su primera reunión, realizaron un breve repaso de la ordenanza 5983 – comúnmente llamada ordenanza de tierras -, y se expuso la modalidad de trabajo que se pretende instalar; contemplando protocolos, tiempos de las reuniones y desarrollo de audiencias.
El director de tierras y el subsecretario de planificación expusieron un informe sobre las tareas realizadas en lo que va del año, y brindaron datos del relevamiento ejecutado en relación a la necesidad y disponibilidad de lotes.
Fuentes calificadas señalaron que apuntaron datos estadísticos, y se refirieron a problemáticas como “los asentamientos, regularizaciones, la ocupación ilegal, la venta ilegal, la falta de infraestructuras en loteos entregados por gestiones anteriores”; entre otras, dijeron.
Además, la oportunidad fue propicia para que las autoridades de la comisión realizaran la presentación de expedientes que están “para la firma”. Se trata de inscripciones directas ordenadas por la Justicia, en el marco de divorcios, sucesiones y solicitudes de títulos de propiedad. La comisión los analizó, para dar “el visto bueno” al intendente. Ese es el mecanismo que la ordenanza instruye.