El Fiscal de Cámara ha solicitado la pena de 4 años. Durante el juicio, tal cual se ventiló en los medios periodísticos, quedó plasmado en el Expediente, que Martínez tuvo sobre su cuerpo a una menor de 9 años, a quien toco sus partes íntimas.

El ex concejal, en el momento de los hechos, convivió con la familia de la víctima durante 26 días porque alegaba que no tenía donde vivir. Quedó claro además, que el abuso no fue una “casualidad” sino que se reiteró al menos 2 veces.

Por eso reclamamos la pena máxima de 10 años de prisión efectiva que establece el Artículo 119 Inciso f del Código Penal, por tratarse de una menor, por que se aprovechó de la convivencia y confianza de la familia, y porque fue en reiteradas ocasiones.

El Artículo 119 del Código Penal establece:

"Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13)..."

Pero a renglón seguido en el segundo párrafo señala:
La pena será de cuatro (4) a diez (10) años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.

Pero mas abajo en el Inciso f explicita:
f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho (18) años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo.

En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres (3) a diez (10) años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f).

https://www.mpd.gov.ar/index.php/marco-normativo/365-normativa-nacional/leyes/3584-ley-27-352-modificacion-del-art-119-del-cpn#:~:text=Art%C3%ADculo%20119%3A%20Ser%C3%A1%20reprimido%20con,de%20poder%2C%20o%20aprovech%C3%A1ndose%20de

¿ENTONCES PORQUE EL SR. FISCAL QUE REPRESENTA AL ESTADO PIDE UNA PENA MINIMA EN EL CASO EN CUESTION?

Lo dijimos desde el primer día: “Este caso es paradigmático como ejemplo del accionar del estado, la justicia y los partidos patronales en el aumento de la violencia hacia mujeres y niñez, por el encubrimiento y amparo hacia violentos y abusadores, y la revictimización de las niñes.

Agravando el amparo político, mientras las familias deben gastar en abogados querellantes, etc. el ex concejal utilizaba para su defensa al asesor legal del concejo deliberante, es decir la población le pagaba el abogado a un acusado de pedofilia.

¿Nos preguntamos quien paga ahora los honorarios del defensor particular de alguien que no tenía donde vivir, y se quedó sin sueldo desde el día en que fue detenido?.

Todo el apoyo político (tanto de referentes del oficialismo PJ-K como de la oposición UCR-Cambiemos) a un acusado de abuso a una menor, no es mas que el encubrimiento y la revictimización hacia esa niña, e implica una política de fondo sobre las mujeres, disidencias, y niñez.

Recordamos que existieron dos denuncias contra Martínez, una de una menor, y otra de una joven ligada a su equipo de trabajo, que no llega al Juicio, por registrarse el hecho denunciado durante un viaje en auto fuera de la ciudad, y lejos de la jurisdicción de los tribunales locales.

Exigimos a los Sres. Jueces integrantes de la Cámara Criminal de Caleta Olivia- Mario Albarrán, Joab Pablo Olivera y Alonso-, un fallo ejemplar para que no vuelva a repetirse el accionar de los Martínez, los Maldonado y todos los abusadores que amparados en el Poder nos violentan cotidianamente.