La causa armada y orquestada, por parte del Juzgado de Recursos, caratulada como "violación de domicilio" desde un principio se constituyó en una patética maniobra política- judicial, impulsada por la Fiscalía de Estado de la provincia, sin ningún tipo de pruebas y con el único objetivo de disciplinar la protesta social.

Es importante recordar que estos cuatro trabajadores fueron judicializados en el marco de una movilización espontánea de la que participaron miles de trabajadores y en la cual se resistió a una represión brutal durante varias horas en la noche del 21 de abril de 2017 en la casa de gobierno de Santa Cruz.

En un comunicado oficial el gremio docente dice "en una muestra más de las tantas persecuciones que hemos sufrido los trabajadores organizados de Santa Cruz, la criminalización de la protesta se constituye, desde siempre, en la metodología sistemática de un poder que pretende acallar y sancionar la movilización social y cualquier reclamo legítimo frente a la opresión del poder. En ese momento la sociedad santacruceña estaba colapsada: dos meses de retraso en el pago de los salarios, sin cobertura social, con sistemas de salud y de educación precarizados y un deterioro brutal de las instituciones, entre tantas otras".

"El mantener abierta una causa de tanta manipulación política sobre quienes luchan inevitablemente debe asociarse a una especie de “espada de Damocles” (amenaza persistente) frente a quien no está dispuesto a subordinarse y ser sometido. Dicho procesamiento seguirá siendo apelado, ahora mediante un recurso de Casación por nuestro cuerpo de abogados. Jamás claudicaremos en la lucha frente a un proceso arbitrario carente de sustento legal y, por supuesto, de sustento fáctico, llevado adelante por una casta judicial parásita del poder político, con un fin intimidatorio a partir de la criminalización y penalización de los conflictos gremiales", expresa ADOSAC.

Para finalizar, "le decimos al poder político de Santa Cruz y a su apéndice judicial, que nuestro sindicato irá hasta las últimas consecuencias en su exigencia por el desprocesamiento de compañeros que a diferencia de los procesados por corrupción han sido procesados por luchar".