La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, amplió este lunes la denuncia por “hostigamiento fiscal” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri. Presentó documentos que expone “graves irregularidades” a las que fueron sometidos la expresidenta y sus hijos.
Se trata de una ampliación de la denuncia realizada a comienzos de febrero, que se tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, e incluye los resultados de los procedimientos, investigaciones y auditorías realizadas por las distintas áreas del organismo a lo largo de los últimos meses.
“Los resultados obtenidos en dos auditorías internas realizadas a lo largo de los últimos meses dan cuenta del hostigamiento fiscal experimentado por CFK y sus hijos a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri”, dice la presentación.
En ese sentido, destacaron que “de las auditorías internas se desprende la posible comisión de ciertos hechos, por parte de funcionarios de la AFIP durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli que podrían resultar encuadrables en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”.
La exposición plantea que hubo irregularidades en procedimientos de determinación de oficio de deudas así como evidencia de “prácticas enquistadas en el ámbito de la AFIP reñidas con principios fundamentales del Estado de Derecho”.
“La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado”, sostiene la presentación realizada este lunes ante la justicia federal.
Allí se sostuvo que los hallazgos “dan cuenta de una matriz de persecución” durante el gobierno de Macri, ya que, entre 2016 y 2019, se desplegaron desde la AFIP “prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias, entre otros, del principio de igualdad”.
Los informes producidos por la Subdirección General de Auditoría Interna, que nutrieron la presentación judicial, consignan las irregularidades en los procedimientos cuestionados que, tras ser analizados, dieron lugar a distintas acciones tanto por parte de la Dirección General Impositiva como de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos.
Una de las irregularidades detectadas fue la falta de notificación de las fiscalizaciones vinculadas con sus obligaciones tributarias, a pesar de que la normativa vigente establece que corresponde notificarla o ponerla en conocimiento de los distintos procedimientos.
Entre las más graves irregularidades se encontró una “inusitada cantidad de consultas sistémicas sobre información fiscal” vinculada a la vicepresidenta y sus hijos, sin fundamento legal siquiera aparente a cargo de un nutrido grupo de agentes del organismo”, según se señaló en la presentación judicial.
También se detectó que hubo actuación de funcionarios de la AFIP en causas judiciales en supuesta representación del organismo, sin autorización para ello y que se crearon de grupos de trabajo constituidos para analizar la situación de ciertos contribuyentes, y de sus empresas, cuya integración fue determinada por las autoridades políticas de ese momento.
En febrero de este año la AFIP había presentado una denuncia en la que se daba cuenta de una presentación administrativa realizada por la vicepresidenta ante el ente recaudador y se había comprometido a aportar, cuando estuvieran concluidas, los resultados de las investigaciones y auditorias que se pusieron en marcha tras aquel planteo.