Estas fueron las palabras con las que concluyó su argumentación el diputado Javier Pérez Gallart, quien este jueves votó en contra de la nueva ley de medios públicos presentada por el Poder Ejecutivo, cuyo nombre completo es “Sistema Integral de Medios y Contenidos Públicos de la provincia de Santa Cruz”.

El legislador de Encuentro Ciudadano fue una de las primeras voces que advirtió que la norma enviada por la gobernadora Alicia Kirchner contenía "algunos puntos verdaderamente preocupantes". Fue así que la semana pasada planteó: “a través de la ley se crea un Observatorio de Medios que no se limitaría a los medios públicos, se proyectan enormes estructuras mientras se vota un Presupuesto 2021 ajustado y se reduce aún más la participación de la oposición y de los trabajadores de los medios públicos”.

En el recinto virtual de la Legislatura, Pérez Gallart desarmó lo que el oficialismo presentó como un supuesto cambio de paradigma en los medios públicos. “No cambia ningún paradigma, al contrario”, contrapuso el diputado: “la concentración de los medios públicos en el organismo que se crea, la denominada Agencia de Medios, más que un sistema de medios públicos es un gran sistema de propaganda del gobierno”.

A continuación, un resumen de las razones del voto negativo de la banca de Encuentro Ciudadano:

TODO EL CONTROL EN MANOS DEL EJECUTIVO

La denominada “Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales (AMA Santa Cruz)” estará a cargo de un director/a designado por el Poder Ejecutivo. Esta agencia absorbe la conducción de Canal 9 y LU14 Radio Provincia. De esta manera, “achican la conducción solamente a quien designe el Poder Ejecutivo. Eliminan la autarquía y eliminan el directorio de Canal 9, y con esto se elimina un mecanismo de conducción plural que tenía el canal”, señaló Pérez Gallart. “El organismo consultivo (el Consejo Asesor de los Medios Públicos) está compuesto por 13 miembros, 9 de los cuales los nombra el Poder Ejecutivo”, agregó.

“Hay un criterio básico, tanto en Canal 9 como en LU14, de tomar los medios públicos como medios gubernamentales y prácticamente no hay espacio para voces disidentes y plurales. Esto es una realidad y solo basta ver la programación. Esto es un modelo impuesto hace muchos años”, detalló. Esta nueva ley no plantea ningún cambio al respecto.

EL POLÉMICO OBSERVATORIO DE MEDIOS

El artículo 40 de la ley crea “el Observatorio Provincial de Medios (OPM) que tendrá como objeto analizar de manera integral y con participación de diferentes actores el cumplimiento de la normativa vigente en materia comunicacional”.

Días atrás, Pérez Gallart advirtió respecto de este observatorio que “no aclara si se refiere sólo a medios públicos o también observaría a los medios privados, lo que sería muy preocupante en términos de afectación de la libertad de expresión”.

En la sesión, señaló que si bien a partir de algunas modificaciones en el articulado de la ley existe “una redacción más pulida”, sin embargo “está redactado de manera ambigua”, lo que termina “dando lugar a la arbitrariedad”. Finalmente, en la ley sancionada no se aclara que el Observatorio de Medios sólo actúe sobre los medios públicos.

LA PUBLICIDAD OFICIAL SEGUIRÁ SIENDO DISCRECIONAL

Durante la sesión, Pérez Gallart señaló que “un cambio de paradigma sería una contratación de publicidad oficial mucho más transparente”, punto que la ley finalmente no establece. Días atrás, el legislador había calificado de “preocupante” que “nada dice esta nueva ley respecto de los criterios de equidad y transparencia en el reparto de la pauta publicitaria del Estado, un tema que siempre se manejó de manera discrecional, arbitraria, y donde el gobierno históricamente premió a los medios oficialistas con jugosa pauta, para por el contrario castigar a los medios críticos”.

En contraposición, el diputado recordó un proyecto de ley de Publicidad Oficial presentado desde Encuentro Ciudadano que nunca fue tratado por el kirchnerismo: “nuestro proyecto plantea la adjudicación de la publicidad bajo los principios de interés general, libre acceso a la información, transparencia, acceso equitativo y pluralista a las oportunidades de expresión; y esencialmente control y austeridad en la administra del gasto público”.

En la ley sancionada este jueves, finalmente no se transparentan los criterios en la distribución de la publicidad oficial por parte del gobierno provincial.