En las últimas jornadas se conoció un audio donde la diputada chubuitense Leila Loyd Jones, afirmaba que a los diputados de Chubut les ofrecían 10 millones de pesos para votar la zonificación minera en esa provincia. El proyecto fue aprobado, pese al rechazo ciudadano.
El voto que desempató la votación, fue la del legislador del otro escándalo minero. Sebastián López (Juntos por el Cambio), quien solicitó una coima de “100 lucas” para hacer lobby a favor de la minería.
La diputada Lloyd Jones presentó un escrito ante la Justicia. El mismo cuenta con solo cinco páginas. Ayer había señalado ante sus pares, en sesión ordinaria, que había recibido “presiones muy grandes” para que no hacer la presentación, y responsabilizó al gobernador Mariano Arcioni y a su ministro de Seguridad Federico Massoni, “si algo me pasa a mi o a mi familia”, indicó.
El escrito está dirigido al procurador General de la provincia Jorge Miquelarena. En relación a los dichos que le eran atribuidos, expresó que “efectivamente guardan similitud con un mensaje grabado que yo enviara el día 8 de diciembre del corriente año”.
Y sobre el particular, señala: “El día 8 de diciembre, como es de público conocimiento, al llegar a mi domicilio encontré un grupo de 70 u 80 personas que se manifestaban a favor de la explotación minera. Estos personajes se instalaron frente a mi domicilio un poco antes de las 20 horas y permanecieron allí hasta las 2 de la mañana del día 9. Habían llevado carpas, hicieron un asado y consumieron bebidas alcohólicas, todo ello en plena vía publica”.
Además, agregó: “Convocada la autoridad policial el comisario Araujo, titular de la seccional Cuarta, manifestó que tenía órdenes de no intervenir por indicación expresa del ministro Massoni. Siendo las 23:57 se hizo presente el Ministro quien ratificó la orden impartida”.
Asimismo, expresó que “Si se me requiere, estoy en condiciones de aportar a esta investigación en particular, fotos, mensajes de texto y comunicaciones de Facebook de los que se desprende que los manifestantes habrían recibido dinero a cambio de su presencia en el lugar. Muchos de ellos se han mostrado públicamente con funcionarios provinciales”.
Expresamente acerca del mensaje de audio en el que señala la existencia de presunta coimas para sus pares en la Legislatura, dijo que se trató de una comunicación privada, “dirigida a un número determinado de actores políticos y sin ninguna pretensión de darle difusión pública. Sin embargo, habiendo tomado ese audio difusión pública, me resulta indispensable manifestar cuando sé sobre el hecho al que se refiere mi comentario”.
Y remarcó: “Tengo una convicción solida e inalterable, debidamente informada, sobre las consecuencias negativas para los habitantes de nuestra provincia que derivarían de la explotación de la megaminería a cielo abierto que se pretende instalar”.
Finalmente, se refirió a la principal acusación. Dijo que en septiembre, el abogado Guillermo Corneo, “invocando la representación del Gobernador” solicitó exponer el proyecto a los diputados del bloque justicialista. “Reunión que finalmente se llevó a cabo en la chacra del mismo Cardoso”, indicó.
Señaló que el 19 de noviembre participó en una reunión convocada virtualmente, donde el gobernador y sus colaboradores se refirieron a la iniciativa; y que al día siguiente: “el abogado Corneo afirma que las empresas estarían dispuestas a bonificar la contribución de los diputados que acompañan el proyecto de zonificación con la suma de 10 a 15 millones de pesos a cada uno en mano”.
Por último, puntualizó que ” las empresas se obligarían a recompensar a los diputados mediante contratación, a través de empresas intermediarias, del alquiler anual de vehículos o provisiones de catering, por un periodo de entre 5 y 10 años”.