El presidente Alberto Fernández firmó el decreto 42/2021, que ya fue publicado en el boletín oficial. El documento reglamenta la Ley N° 27.605, aprobada por el Congreso de la Nación, que establece el “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia”.
La norma alcanza a alrededor de 12 mil ciudadanos, cuyas fortunas son las más abultadas del país. Todos ellos, superan fortunas personales de más de 200 millones de pesos. No lo deben pagar las empresas, y no se trata de un impuesto, sino que deben abonarlo las fortunas personales y por única vez.
El proyecto fue presentado en el Congreso por los legisladores oficialistas Carlos Heller y Máximo Kirchner, y representó un gran debate. Finalmente logró los votos suficientes para que la Ley fuera aprobada en ambas cámaras, y ahora fue reglamentada.
A partir de hoy, luego que fuera publicada en el boletín oficial, la Ley reglamentada comienza a regir. Los más ricos de la Argentina tendrán un tiempo prudencial para realizar el aporte. Algunos de ellos están en el propio Congreso.
Según indica la reglamentación, la aplicación, percepción y fiscalización del aporte estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quien también se encargará de investigar si existe “variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los CIENTO OCHENTA (180) días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley”.
De este modo, el texto habla sobre la necesidad de alertar ante operaciones que configuren “un ardid evasivo o que esté destinada a eludir su pago”.
La Ley alcanza a las “personas humanas” y “sucesiones indivisas” residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y las residentes en el exterior por la totalidad de sus bienes en el país, en ambos casos existentes al 18/12/2020, cuando excedan los $ 200.000.000 (doscientos millones de pesos).
La alícuota que establece el “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia” oscila entre el 2% y el 3,5% para el caso de bienes en el país. En cuanto a los bienes en el exterior, la alícuota varía entre el 3% y el 5,25%, según el patrimonio gravado.