Los trabajadores aseguraron que aguardarán tener novedades del aumento salarial requerido.

Pese a ello y a la solicitud de aumento en los salarios, los vigiladores, indicaron que “si no hay acuerdo, durante la semana, nuevamente comenzarán con medidas de fuerza”.

Tras el paro nacional se dispuso encuadrar en el marco de la Ley N° 14.786, a partir de las 14.00 (catorce) horas del día 22 de Junio de 2021, el conflicto identificado en los considerandos de la presente, suscitado entre el Unión del personal de seguridad privada y afines de la Patagonia Central (UPSAP), la Unión de empleados de seguridad y vigilancia (U.E.Se.Vi), el Sindicato de Seguridad e Investigación Privada (SSIP), el Sindicato único de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e investigaciones privadas de Córdoba (SUVICO) y el Sindicato de Vigiladores de Tucumán(SI.VI.SE.P.) y las empresas representadas por C.A.E.S.I., impidiendo la normal operatoria de las mismas.

Además se intimó a la Cámara Argentina de Empresas de seguridad e Investigación (C.A.E.S.I.) y por su intermedio, a las empresas por ella representadas, a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por las organizaciones sindicales y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal, respetando las disposiciones previstas en el DECNU -2020-260 -APN-PTE, en la RESOL -2020-207-APN-MT, en la RESOL-2020-279-APN-MT, en el DECNU-2020-297-APN-PTE, en el DECNU-2020-329-APNPTE, sus prórrogas, modificaciones y demás normas concordantes.

Por otra parte se consideró la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de Salud (OMS), la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto DECNU -2020-260 -APN-PTE y sus modificatorios, y en atención a la
evolución de la situación epidemiológica con relación al CORONAVIRUS-COVID 19, se requiere a la parte
empresaria, que extreme todas las medidas de higiene y seguridad para preservar la salud psicofísica de los
trabajadores y las trabajadoras, y que garantice el desarrollo de su actividad en condiciones adecuadas de
salubridad, dando cumplimiento con todas las normativas, protocolos y/o cualquier otro instrumento dictado por
las autoridades competentes, y/o por otros órganos conformados a tales fines.