Araucarias viene manteniendo reuniones y conversaciones con funcionarios y funcionarias de distintas áreas vinculadas a garantizar el derecho a la interrupción del embarazo, ya sea por causales de salud, violación o la mera voluntad las mujeres.

Santa Cruz sostiene el discurso de que se sumó sin inconvenientes a la ampliación de derechos, sin embargo nos vemos en la obligación de aclarar que esto no es así en la práctica.

Los que se denominan abortos voluntarios se garantizan en su gran mayoría mediante médicos y médicas generalistas con prácticas ambulatorias hasta la semana 14. En cambio, los abortos legales, es decir aquellos que están contemplados en las causales de salud o violación que establece nuestro Código Penal desde 1921, por lo general llegan a la consulta con más de 14 semanas. Su garantía es cuestión de suerte porque el procedimiento que también es medicamentoso requiere de internación en sala para el seguimiento continuo de especialistas en la materia.

Recientemente, en Caleta Olivia, una joven que fue abusada por su padre y la dejó embarazada, debió ser derivada hacia Río Turbio, porque las médicas que acompañan las ILE no contaban con la colaboración de los profesionales que necesitó la práctica, es decir especialistas en obstetricia y ginecología.

Por las mismas razones, en los últimos meses, hubo casos de derivación a la provincia de Neuquén, Chubut y Buenos Aires mediante la intervención “salvadora” de la línea 0800 que depende del Ministerio de Salud de la Nación.

En el hospital de Río Gallegos, por ejemplo, la IVE o la ILE, se realizan sólo con la aprobación de uno de los directores, Mauricio Fernández, quien exige la presentación de una nota explicando los motivos de la solicitud.

“Estoy estudiando, tengo un hijo y no tengo trabajo”, se lee en una de las cartas que nos hizo llegar una de las mujeres que solo así pudo acceder a su derecho. Nada de esto dice la ley ni el protocolo aprobado por resolución ministerial. Por el contrario, solo habla de consentimiento informado y de declaración jurada en los causales de violación.

Además, las que llegan a ser atendidas por el Jefe de Obstetricia del Hospital reciben un grado alto de maltrato que debería ser, no sólo motivo de sumario por el rol institucional del que se trata, sino que también amerita su desplazamiento en el cargo para darle lugar a un o una profesional que no obstaculicen los derechos de las mujeres y diversidades para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

Por eso, con todos los funcionarios y funcionarias a quienes ya trasladamos este malestar, insistimos en la necesidad de que, de forma urgente, el Ministerio de Salud y Ambiente abra consultorios para la solicitud de la IVE o ILE para dar lugar a la entrevista inicial, con una escucha respetuosa y contenedora de las situaciones que atravesamos las mujeres, como lo establece el Protocolo de actuación.

No saber a dónde recurrir ni cómo dar con algún o alguna profesional que atienda a las mujeres y cuerpos gestantes en un momento de suma vulnerabilidad emocional es violencia, y lo es porque perpetúa la clandestinidad de una práctica que se legalizó a fuerza de la lucha de los feminismos.

Si esto no estuviera pasando, entonces no recibiríamos permanentemente las consultas de quienes desean interrumpir sus embarazos porque no saben a dónde recurrir, tal como sucede actualmente con la enorme red de socorristas que cumplen con informar y acompañar amorosamente, tarea que en realidad debiera hacer el Estado de Santa Cruz.

Hoy, la inmensa mayoría de los y las obstetras de la provincia son obstaculizadores, y si bien la objeción de conciencia es una figura que está contemplada en la ley N 27.610, es obligación del Ministerio de Salud la contratación de profesionales “verdes”. De lo contrario, no hay forma de argumentar que el derecho se esté garantizando. Al menos no sin que desde este espacio les recordemos que es mentira.

Por otro lado, debemos señalar que, en septiembre del año pasado, este espacio presentó tres pedidos de Acceso a la Información Pública, reglada por la ley provincial 3540, que nunca fueron respondidos. En esas notas pedíamos conocer de qué manera se aplica el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, en aquel entonces aprobado por el Ministerio Nacional en diciembre de 2019.

Parte de la falta de respuesta es que las prácticas con Misoprostol que se hacen de forma ambulatoria no quedan asentadas en ningún registro.

El 19 de agosto de este año, llevamos ante el Ministerio de Salud y Ambiente, un reclamo administrativo y un pedido de audiencia por el abandono a una mujer en situación de ILE, quien tuvo que denunciar la obstrucción del derecho ante las autoridades nacionales para que, finalmente, sea la Dirección Nacional de Salud Sexual la que resolviera el acceso a través de una derivación a Buenos Aires. A casi un mes de esa presentación, todavía no recibimos siquiera un llamado.

De este modo, y al margen de la necesidad de contar que hicimos todo lo posible por obtener respuestas, e incluso nos ofrecimos a colaborar con estrategias para mejorar este escenario que le sigue dando la espalda un derecho, en los próximos días vamos a insistir con un pedido de acceso a la información pública, adelantando que, de no ser respondido, nos vamos a ver en la obligación de presentar un amparo.

Necesitamos un Ministerio de Salud que escuche, atienda y ordene el cumplimiento de un derecho que nos costó tantos años de dolor y pérdida de vidas conseguir.