Para la titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Río Gallegos, Rosana Suárez, se trata de una “excelente iniciativa”, ya que pese a las políticas aplicadas y las sanciones para quienes ejercen violencia hacia las mujeres y disidencias, todo eso resulta “insuficiente y en algún punto también contraproducente, porque algunas mujeres temen desatar un proceso que sea como una bola de nieve”.

Por otro lado, “también sucede que en ocasiones se criminaliza un problema que tiene que ver más con lo social y con la salud que con otra cosa”. Esto, sin contar con que “los hombres también son víctimas del patriarcado, que no les reconoce aptitud para sufrir algunas emociones y consecuentemente no les provee recursos para gestionarlas”, concluyó.

“Un aprendizaje”

También celebró la iniciativa el fiscal de Caleta Olivia, Carlos Borges: “Deconstruir las masculinidades hegemónicas en espacios que permitan anteponer la reflexión y la comunicación entre varones que ejercieron violencia de diferentes características contra mujeres y niñxs, es el compromiso para que el Estado no solo reprima esas conductas, sino que ayude a ‘reparar’ a las personas violentas para que puedan volver a entablar vínculos igualitarios que no tiendan al sometimiento del otrx”.

Asimismo, destacó que el trabajo articulado entre la Justicia y los dispositivos de DDHH, “es la mejor manera de cuidar los lazos que puedan generar los responsables de las violencias de género” porque “la deconstrucción es un aprendizaje que exige compromiso no sólo de las personas sometidas a juicio, sino también del Estado y la medida va en ese sentido”.

El encierro no resuelve

Noelia Ursino es la jueza penal de Puerto Santa Cruz, y para ella la creación de estos espacios “es otra respuesta estatal para ocuparse de la violencia”, entendiendo que “el contexto de encierro que espera muchas veces la sociedad, como única medida, ha demostrado que no la erradica”.
Mencionó que “las autoridades judiciales también necesitamos otros recursos para poder intervenir y que los resultados sean mejores, porque realmente es abrumadora la violencia existente”.
Esto, como consecuencia de atravesar “una etapa de visibilización permanente de la temática y proporcional al incremento de denuncias”, por ello “apuntalar a los órganos judiciales para dar otra respuesta más efectiva y contar con otras dependencias especializadas es fundamental”, concluyó la magistrada.

Una medida “vital”

Según el Defensor General de Santa Cruz, Domingo Fernández, la federalización del dispositivo “me parece importantísima y vital para erradicar y prevenir la violencia, generando conciencia y cultura para desarmar mandatos de masculinidad que nos han instalado muchas veces desde chicos, es decir de toda la vida”.

Fernández reflexionó luego que, “mientras que no haya rehabilitación o deconstrucción de masculinidades, lamentablemente la violencia de género seguirá existiendo” y que de este modo es clave que “se imponga como política pública de Estado el compromiso de trabajar en ese sentido”.
Para finalizar, el defensor General sugirió que los talleres lleguen también a los lugares de detención “donde se vea reflejada una potenciación de las masculinidades que muchas veces se agrava por el entorno y nuestra cultura machista”, cerró.

“Generar autoconciencia”

Por su parte, el juez Antonio Andrade, titular del Juzgado de Familia Nº 2 de la capital provincial, que tiene una experiencia positiva con el dispositivo “Habilidades para la Vida”, dijo que el convenio que firmó el TSJ es “muy auspicioso porque es un proyecto que se viene desarrollando ya hace muchos años en Río Gallegos con resultados importantes, con baja tasa de reincidencia en relación a todos aquellos que instamos para que realicen estos trámites o estos tipos de abordaje posicosocioeducativo para generar autoconciencia y abordajes en grupos”.
Además, Andrade puso en valor “las distintas medidas que ha tomado el Poder Judicial, como la implementación hace ya bastante tiempo de la OVD, la Oficina de Asistencia Letrada, primero en Río Gallegos, que se extendió a Caleta Olivia y Puerto San Julián y la idea me parece es continuar ampliando la mirada en todo el interior con estas opciones y modificación del entramado social”, por eso “lo veo con muy buena proyección”.

“Cambio de paradigma”

También Griselda Bard, camarista de la segunda circunscripción judicial, indicó que “en éstos últimos tiempos el concepto de masculinidad tradicional ha sido fuertemente cuestionado. En este sentido tanto el Estado nacional como provincial han generado instrumentos, legislaciones y organismos para trabajar en ello”. Por eso “entiendo que el convenio con DDHH suma una herramienta muy importante para reforzar esas políticas que buscan erradicar estereotipos y mandatos de masculinidad para tener una sociedad mejor”.

Sucede que para la jueza “el Poder Judicial no puede estar ajeno al cambio de paradigma, tanto en su faz hacia la sociedad sino también dentro de su propia organización”.

No limitarse a sancionar

También el juez Marcelo Bersanelli, titular del Civil 1, manifestó sobre esta herramienta, indicando que “como Estado no estamos solamente para sancionar sino para prevenir males mayores o tratar de que no se reiteren. Si nos limitamos a sancionar, lo único que hacemos es esconder el polvo debajo de la alfombra y el problema sigue estando”, al tiempo que sugirió que estos espacios de deconstrucción de masculinidades violentas “deben ser multidisciplinarios y conformados por profesionales multigenero”.

Ya esta semana, el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos que tiene bajo su órbita el taller, realizó una charla a funcionarios y funcionarias del Poder Judicial junto a la coordinadora de la Oficina de Géneros y las OVD, Sabrina Granero, donde se detallaron las instancias del convenio.

Además, mañana viernes, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación brindará la capacitación “Deconstrucción de masculinidades patriarcales para la obtención de vínculos libres de violencia”.