La disputa surgió a raíz de la incautación de vehículos, una medida que afectaría a alrededor de 30 familias de la comunidad. Pablo Juárez expresó su preocupación por la entrega de los vehículos, a lo que los vecinos respondieron con indignación, alegando que la prioridad debería ser afrontar los alquileres y proporcionar alimentación a sus hijos.

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Se quejaron de ser tratados injustamente debido a su origen gitano, afirmando que se les niegan derechos fundamentales.

La tensión aumentó, y las familias expresaron su temor por las consecuencias de la incautación de los más de 180 autos que se encuentran en el Estadio Municipal. La situación ahora está en manos de la justicia, que deberá determinar el destino de los vehículos y abordar las preocupaciones planteadas por la comunidad singara.