En lo que respecta a la falta de agua, resaltó que se trata de una crisis generalizada en todo el interior de la provincia por lo que resulta prioritario abordar la situación para garantizar el recurso hídrico para la población.

En este sentido, citó los proyectos de su autoría presentados en la legislatura, entre ellos el pedido de prórroga de Emergencia Hídrica para la zona norte de Santa Cruz, que aún está siendo tratado en comisiones y un pedido de informes sobre el funcionamiento del Observatorio del Agua, establecido por ley, para monitorear la crisis hídrica en toda la provincia.

“Es fundamentalmente ver si realmente se brindó algún informe, o si tuvo alguna continuidad en la acción y el seguimiento en las distintas zonas con la preocupación que tenemos no solo con el agua potable, sino con las aguas servidas que también es un gran problema en muchas de las localidades”, indicó.

Otro aspecto crucial planteado por el legislador, es el uso de agua en el proyecto exploratorio “Palermo Aike” donde se avanza con la técnica de fracking no convencional, es decir perforación y ruptura de roca con presión por agua en su nivel subterráneo.

Al respecto, Muñoz presentó un proyecto de Resolución para obtener información precisa sobre el origen del agua utilizada. Aunque aclaró que no se opone a la perforación no convencional, consideró vital asegurarse de que se cumplan las normativas vigentes.

“Estoy preguntando sobre el cuidado y la responsabilidad que nos cabe a todos en esto de producir, pero a su vez, cuidar nuestro medio ambiente, en principio queremos saber si las napas que se están utilizando son las no potables”, expresó.

En otro orden, abordó el proyecto de modificación de Código Procesal Penal de Santa Cruz, marcó la necesidad de generar cambios ya que actualmente si un vecino quiere denunciar cuestiones relacionadas con el uso de recursos públicos, solo puede presentar la denuncia, pero no convertirse en querellante.

Explicó que de aprobarse los cambios, se permitirá al particular aportar pruebas, seguir el proceso, exigir documental, lo que hoy hace solamente el fiscal o el Estado si quisiera constituirse en querellante.

“Me pasó siendo concejal, que presenté una denuncia penal a los cuatro últimos presidentes del IDUV (Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda), pero no me pude constituir en querellante porque no soy un directo afectado”, sostuvo, enfatizando la importancia de poder ejercer ese rol ante este tipo de situaciones para contribuir a que las causas avancen.