Tras la aprobación de la Ley N° 3859 en la Legislatura provincial, la Asociación de la Magistratura y Función Judicial (AMFJ) presentó una medida cautelar ante la Justicia. La iniciativa obtuvo la suspensión de la norma. La entidad remarcó que la misma sostiene pasajes contrarios a lo que marcan las constituciones nacional y provincial.

Ayerm 11 de julio, la justicia de la provincia de Santa Cruz dictó la suspensión de la vigencia de la ley provincial N° 3859 que regula el enjuiciamiento de las magistraturas inferiores y el funcionariado de los ministerios públicos.

Eso, en el marco de una medida cautelar solicitada por la Asociación de la Magistratura y Función Judicial (AMFJ), por entender que dicha ley "contiene diversos artículos y conceptos que son contrarios tanto la Constitución nacional como a la provincial, tal como se planteará al momento de interponer la acción de inconstitucionalidad correspondiente", difundió la entidad.

Asimismo consideró el "riesgo que existe en sostener la vigencia de dicha Ley en la forma en que se encuentra redactada y la inseguridad jurídica que implica su puesta en funcionamiento".

Por último, informó que la solicitud fue requerida judicialmente "después de infructuosas gestiones llevadas a cabo por parte de la asociación ante la cámara de diputados y la imposibilidad de diálogo con el poder ejecutivo provincial", culminaron.