Los gremios provinciales de Santa Cruz han manifestado un enérgico repudio al reciente incremento en las tarifas de luz y gas impuesto por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. A través de un comunicado, advierten sobre los efectos devastadores que esta medida tendrá en la sociedad santacruceña.

Rafael Güenchenen, secretario general de SIPGER, afirmó: “Desde CABA se gestionan políticas sin comprender que en la Patagonia las condiciones climáticas son adversas y el costo de vida es mucho mayor. Este tarifazo es un ataque directo a nuestra gente”.

Con el objetivo de enfrentar las políticas de ajuste del gobierno nacional, diversas organizaciones sindicales han conformado la Mesa Provincial Contra el Tarifazo. El comunicado señala que la situación del gas presenta tres factores críticos: la dolarización del precio, el aumento desmedido de los cargos fijos residenciales y un mecanismo de ajuste automático mensual. Desde junio de 2024, los santacruceños han enfrentado un aumento del 1409% en el costo del gas natural, pasando de 351 millones de pesos en junio a 5.380 millones en agosto. Este incremento también afecta al Gas Licuado de Petróleo (GLP), agravando la situación de los usuarios, especialmente aquellos que dependen de la garrafa social.

La creación de la Mesa se llevó a cabo en una reunión celebrada el viernes en la sede de Luz y Fuerza en Río Turbio, convocada por Güenchenen. Los líderes sindicales anunciaron un “estado de alerta y movilización” para defender los derechos laborales y rechazar el tarifazo, con la participación de representantes de la CGT Zona Sur, SIPGER, Luz y Fuerza Cuenca Carbonífera, ATE Río Turbio, La Fraternidad y A.P.S.PyT.

El comunicado también critica el nuevo cuadro tarifario, señalando que “ignora principios básicos de razonabilidad y gradualidad”. Destacan que el enfoque del Gobierno Nacional es “profundamente erróneo y perjudicial para toda la sociedad”.

Los sindicatos anticiparon que la reunión en Río Turbio fue solo el inicio de una serie de encuentros para definir acciones más contundentes. “Si no hay respuesta, podríamos convocar a una gran marcha provincial y un paro en octubre. El gobierno considera los servicios públicos como productos del mercado, no como derechos humanos, y eso es un gran problema”.

Güenchenen concluyó afirmando que los sindicatos están comprometidos en la defensa de los derechos de la comunidad y que la Mesa no solo buscará frenar los aumentos, sino también proteger el trabajo y los recursos estratégicos de la provincia.

Finalmente, el comunicado advierte que si el Gobierno Nacional continúa con este ajuste, “nos encontrará en las calles, luchando por nuestros derechos. No permitiremos que las políticas de ajuste destruyan nuestra región. Esta lucha es por justicia y por un país que incluya a todos, especialmente a los más vulnerables”.