La planta de ex Barilari, operada por las cooperativas El Dorado y 20 de Noviembre, atraviesa una situación de incertidumbre luego de que la justicia ordenara la entrega de maquinaria clave a la empresa Vepez. Las cooperativas, que asumieron el control tras la salida del empresario gringo Jones, ahora enfrentan un conflicto judicial que podría afectar la continuidad de su actividad.

Horacio, uno de los trabajadores de la planta, relató cómo llegaron a este punto: “Yo hace 15 años que trabajo acá. Primero fue Barilari y después esto pasó a ser del gringo Jones. Siempre que pedíamos aumentos, había una excusa. En octubre de 2024, cuando pedimos un aumento, Jones se negó, nos dijo que no podía pagarnos y que tenía que irse”. Según Horacio, esta situación dejó a los trabajadores en una posición vulnerable. “Quedamos en la calle, ningún político nos dio bola”, agregó.

Tras la salida de Jones, los trabajadores comenzaron a buscar alternativas para seguir operando y asegurarse de que la planta pudiera seguir funcionando. “Después de que Jones se hiciera a un costado, empezamos a buscar una empresa que nos proveyera de materia prima para seguir trabajando, pero esto generó nuevos conflictos”, explicó Ximena, otra trabajadora. La disputa judicial se centró en la propiedad de maquinaria esencial para la operación de la planta.



“Hay una maquinaria que es el corazón de la planta, la que genera todo el frío necesario para seguir trabajando. Esa maquinaria fue comprada por las dos cooperativas, pero ahora dicen que la empresa Vepez es la dueña, queriéndonos hacer daño con esto. Sin esas máquinas, las 400 personas que trabajamos acá quedaríamos afuera, no podríamos seguir trabajando”, señaló Ximena.

La situación es crítica para los trabajadores, quienes temen perder sus empleos si el conflicto no se resuelve. “No nos vamos a ir de acá. Esto es el sustento de tantas familias. Cada madre, cada padre trabaja acá”, expresó Ximena con firmeza. La cooperativa también cuenta con materia prima a medio procesar y más que sigue en camino, pero sin las máquinas necesarias, la continuidad de la actividad está en peligro.

Ante la gravedad del asunto, los trabajadores hicieron un llamado al gobernador Claudio Vidal para que intervenga y ayude a resolver el conflicto. “Pido que se ponga la mano en el corazón y nos deje trabajar”, solicitó Ximena. La situación en la planta sigue siendo tensa, con la incertidumbre de cómo se resolverá la disputa judicial y qué impacto tendrá en el futuro de las 400 familias que dependen de esta fuente de empleo.