En un camino que nunca dejó de ser sinuoso, las negociaciones por el traspaso de áreas petroleras en Santa Cruz volvieron a tensarse en la última semana, a partir de la postura asumida por una de las partes involucradas. Aunque el planteo fue subsanado, el laberinto creado por el gobernador Claudio Vidal sigue mostrando un hilo de salida escurridizo. Como telón de fondo, continúa la discusión por el pasivo ambiental. En Chubut, YPF ya pagó 20 millones de dólares, por la devolución del área Restinga Alí.

El final del mes de enero coincidió con la primera etapa del programa de retiros voluntarios ofrecido por YPF en el norte santacruceño, con la meta de reducir alrededor de 2.500 puestos de trabajo, que representa la mitad de los ocupados en la explotación petrolera del norte santacruceño.

"Tras conocerse que hasta el viernes 31 los trabajadores que firmaron son alrededor de 1.000, se abrieron especulaciones con respecto a la posibilidad de que el incentivo especial se extienda durante el mes de febrero, pero quedó rápidamente descartado."

Hay que recordar que la operadora comunicó la posibilidad de obtener indemnizaciones del 120% durante todo enero, pero el resarcimiento se reducirá al 100% de ley para febrero, con una gran incertidumbre a partir de marzo.

En ese plano, tanto abogados laboralistas como los propios trabajadores han reconocido en los últimos días que se enfrentan a la posibilidad cierta de que, bajo el argumento de causas de fuerza mayor (como de hecho lo será la falta de trabajo), los operarios podrían ser desvinculados en marzo con la mitad o menos de la indemnización correspondiente.

Por lo pronto, el inicio de febrero implica que quienes no firmaron hasta el viernes, podrán hacerlo durante este segundo mes del año, pero sin el incentivo adicional del 20% sobre el resarcimiento de ley.

Tal como informó ADNSUR días atrás, los montos promediaron entre 85 y 90 millones de pesos para trabajadores con 10 años de antigüedad, elevándose proporcionalmente, conforme crece la cantidad de años trabajadores, en un sector donde la mayoría presenta entre 15 y 20 años de servicios.

En febrero, esos valores serán un 20% más bajos.

UNA PIEDRA MÁS EN EL ZAPATO Y LA SALIDA POR VACA MUERTA

Mientras el achicamiento del costo laboral sigue su curso, tal como pidieron las empresas que se harán cargo de las áreas que dejará YPF, como condición para reducir el costo de producción, apareció en los últimos días otro punto de discusión.

Es que, en función de los acuerdos que deben establecerse entre las compañías, habría surgido la negativa por parte de CGC para firmar la garantía de indemnidad ambiental, que YPF pretende para traspasar las áreas.

El desacuerdo, que surgió días atrás y empezó a resolverse en previo al fin de semana, no era de menor importancia, porque volvía tensar la negociación, que tiene dos grandes frentes abiertos. Por un lado, la vinculada a las empresas; y por el otro, la que involucra a YPF con el gobierno de Vidal.

“No tendría sentido que YPF pague a la provincia para que se reparen los daños ambientales, si después el nuevo operador no está dispuesto a liberarla de esa responsabilidad, por la que se supone que está pagando para que se hagan las reparaciones necesarias”, explicó, a esta columna, un observador del proceso.

Finalmente, el problema pudo encaminarse y las partes están cerca de llegar a un entendimiento, según las fuentes que conocen de cerca la discusión. Como parte de las negociaciones, CGC habría solicitado a YPF una participación societaria en alguno de los bloques de Vaca Muerta, como puerta de ingreso a la liga petrolera mayor, según revelaron fuentes consultadas para este informe.

“No hay una condición directa, pero es parte de lo que se están discutiendo y es muy probable que alcancen un acuerdo en esos términos”, se expresó, con referencia al ingreso del grupo Eurnekián a los campos de Neuquén, donde hasta ahora no tienen participación. Por eso, se cree que el proceso seguirá tal lo previsto, ahora sólo condicionado a que se culmine el saneamiento del costo operativo, es decir la baja en la cantidad de operarios.

De este modo, YPF podrá completar el proceso en modo "clean exit" (salida limpia), similar a lo que hizo en Chubut, en el que los nuevos operadores asumieron el costo de la reparación ambiental. Ese costo fue tenido en cuenta al momento de pactar el precio de la transacción.

En Santa Cruz el proceso es diferente, porque las nuevas concesionarias no pagarán por las áreas, pero el pasivo será afrontado por el Estado provincial, previo pago por parte de YPF de un monto a convenir, una vez que se cuantifique el costo del pasivo ambiental.

VIDAL EN SU LABERINTO

Mientras tanto, en el norte santacruceño crece la incertidumbre por el futuro laboral de quienes se quedan sin lugar en la industria, a partir de un sobredimensionamiento que se sostuvo por motivos políticos más que por rentabilidad de los yacimientos, que desde hace más de una década vienen dando señales de alta madurez y bajo rendimiento.

En el contexto de responsabilidades aparece también la figura del gobernador Claudio Vidal, que desde el principio asumió una postura contradictoria, haciendo que el proceso se dilate hasta el punto actual.

"El gobernador Vidal rechazó el Plan Andes en enero de 2024, cuando anunció que las 10 áreas volverían a manos de la provincia, en una supuesta reversión que finalmente no pudo concretar, debido al costo que implicaba quedarse con los yacimientos en manos de la empresa provincial".

Posteriormente, la petrolera llevó adelante su programa de traspaso de áreas en otras provincias, como pasó en Chubut, donde PECOM ya se hizo cargo de la operación de las concesiones cedidas, pero Santa Cruz quedó sumida en una paralización que ahora decanta en el proceso de salida que, visto en perspectiva a un año atrás, resultaba irreversible.

EL COSTO DEL PASIVO AMBIENTAL

La otra discusión es de cuánto será el monto para reparar el pasivo ambiental. Como referencia puede tomarse el caso de Restinga Alí, que es la única área de Chubut que fue devuelta al Estado provincial. Por ese concepto, YPF ya anticipó el pago de 20 millones de dólares, de un total de 25 en que se estima la valuación final del pasivo, según pudo confirmar ADNSUR.

El pasivo ambiental de Restinga Alí puede dar la magnitud del monto al que aspiraría Santa Cruz, tratándose de 10 áreas de mayor magnitud productiva que el bloque devuelto en la costa de Comodoro Rivadavia.

¿250 millones de dólares, 300? La magnitud puede ser aun mayor (se llegó a hablar de 1.000 millones solicitados por el gobernador Vidal, cifra que fue rechazada de plano), con fondos que específicamente deberán destinarse al saneamiento ambiental, algo que debería quedar establecido también mediante garantías legales.

La resolución de ese tema es vital también para el futuro de YPF, ya que de generar algún tipo de demanda posterior, puede afectar su estabilidad bursátil.

EL ALTO IMPACTO SOCIAL Y EL CLIMA ESPESO EN SANTA CRUZ

Las tareas de reparación ambiental, que implica entre otros trabajos el sellado de pozos bajo los procedimientos que establece la ley ambiental, debería sostener también parte del costo social que afrontará la provincia a partir de la reducción de los puestos de trabajo, ya que difícilmente tendrán reinserción los 2.500 trabajadores que están yendo hoy de la industria.


"En ese contexto, se mira con atención también lo que puede pasar con otros gremios, como camioneros y la UOCRA. El gremio de la construcción también tiene trabajadores en el petróleo, que, si bien estaban habituados a iniciar y finalizar obras, en los últimos años tuvieron una continuidad laboral que hoy inevitablemente se verá interrumpida".

Días atrás hubo atisbos de protesta de ese sector en Las Heras y no se descarta que las expresiones de descontento puedan amplificarse, en particular por la siempre difícil relación entre este sector y el actual gobernador de la provincia, que se remontan a un recordado conflicto en el año 2015.

Paralelamente, el proceso sigue acelerándose, ya que después de febrero, se abrirá un período de transición de 30 días, hasta que finalmente CGC y las demás compañías comenzarán a operar las 10 áreas que está dejando YPF. Si bien habría un acuerdo para que la operadora "permanezca" (léase: pagando salarios) hasta ese tercer mes del año, una vez finalizado el primer trimestre la provincia de Santa Cruz amanecerá ya sin la presencia de la petrolera.

Se verá entonces si la nueva etapa es una oportunidad para viabilizar los campos convencionales aún con la alta madurez que los caracteriza, en un esquema productivo que recupere viabilidad económica, o si las esquirlas de la salida terminan de afectar a la cuenca San Jorge en su conjunto, que, sin los brillos de Vaca Muerta, tiene todavía potencial productivo para aprovechar.

Fuente: www.adnsur.com.ar