El empresario Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, junto con Gastón Gaudio, controlará las hidroeléctricas ubicadas en el complejo Baguales, entre Bariloche y El Bolsón. El proyecto utilizará el arroyo Baguales como fuente de agua para generar energía. Según la resolución de la Superintendencia General de Aguas de Río Negro, la autorización permite la explotación del recurso por 30 años, con uso exclusivo entre los meses de julio y septiembre.

Las centrales hidroeléctricas ChiBa I, II y III podrán turbinar hasta 350 litros de agua por segundo en su planta principal. El Estado provincial garantiza que el caudal del arroyo no se verá afectado, pero las dudas persisten. Especialistas en conservación sostienen que estos proyectos, aunque pequeños en escala, pueden generar un impacto acumulativo si no se fiscalizan adecuadamente. El temor es que la falta de controles efectivos permita a la empresa aumentar su explotación sin restricciones.

El acceso al agua de los rionegrinos queda nuevamente en manos privadas. Este caso recuerda lo sucedido con Lago Escondido, donde el magnate Joe Lewis controla la generación de energía hidroeléctrica en un territorio de difícil acceso para el público. Los permisos de uso de agua en la Patagonia siguen beneficiando a grandes inversores mientras la comunidad local queda relegada.

La empresa asegura que el sistema no inyectará energía al interconectado nacional, sino que será solo para consumo interno. El proyecto servirá exclusivamente para abastecer el desarrollo turístico de Baguales, dejando afuera a la población local. No se trata de una inversión en infraestructura energética pública, sino de un modelo donde el capital extranjero accede a recursos estratégicos sin beneficios para la comunidad.

El impacto ambiental del proyecto genera preocupación en sectores ambientalistas. La autorización se basa en un estudio de impacto ambiental aprobado en 2022, pero la documentación no fue puesta a disposición de la ciudadanía. La falta de transparencia en estos procesos es una constante en la gestión de recursos hídricos. Vecinos y organizaciones ambientalistas exigen mayor claridad sobre los efectos reales del proyecto en el ecosistema de la región.

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) insiste en que el recurso será devuelto sin alteraciones. Sin embargo, la concesión establece que el Estado podrá restringir el uso del agua en caso de reducción del caudal, lo que demuestra que existe un riesgo real de impacto en el arroyo. Esta posibilidad inquieta a la comunidad, que ya ha visto otros casos en los que la sobreexplotación de recursos naturales generó daños irreversibles.

La instalación de un medidor de energía permitirá calcular las regalías que deberá pagar la empresa. El canon establecido es del 16% sobre la generación bruta, una cifra mayor al 12% que se aplica en el Comahue. Esto genera interrogantes sobre los criterios utilizados para definir el pago de regalías y si realmente este modelo de concesión beneficia a la provincia.

El control del agua en la región vuelve a quedar en manos extranjeras. El caso Baguales se suma a una larga lista de emprendimientos que otorgan privilegios a grandes empresarios sin consulta previa a la población. La falta de acceso a la información y la ausencia de un debate público serio reflejan un problema estructural en la gestión de los bienes comunes.

El acceso al agua en la Patagonia es un tema de discusión urgente. Mientras la sequía avanza y los incendios forestales se intensifican, los permisos para la explotación hídrica se conceden sin mayores obstáculos. La política de entrega de recursos estratégicos sigue favoreciendo a grandes capitales, sin un plan de manejo integral que garantice la sostenibilidad a largo plazo.

La sociedad exige mayor participación en decisiones sobre el uso de recursos naturales. El modelo extractivista sigue avanzando sin frenos, poniendo en riesgo la soberanía sobre el agua y la energía. Cada nuevo proyecto de este tipo despierta resistencia en sectores que defienden el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio territorio.

¿Es esta una inversión beneficiosa o un nuevo avance sobre bienes comunes? La respuesta depende de la perspectiva con la que se analice. Para el gobierno, es una muestra de confianza del capital extranjero en la Patagonia. Para la comunidad, es otro capítulo en la privatización de los recursos naturales.

La concentración de recursos estratégicos en pocas manos preocupa a la ciudadanía. Los gobernantes deben rendir cuentas sobre las concesiones otorgadas y los impactos de estos proyectos en la población. Sin una supervisión rigurosa y una planificación ambiental clara, este modelo solo profundizará las desigualdades y los conflictos territoriales.

Fuente: LU17