Verónica Acosta, vecina de Villa Mercedes, San Luis, se encuentra envuelta en un proceso judicial tras recibir por error una transferencia de más de 500 millones de pesos del Gobierno provincial. La mujer esperaba cobrar apenas $8.000 en concepto de cuota alimentaria, pero un fallo administrativo derivó en el millonario depósito.

Desconcertada por el insólito ingreso, Acosta utilizó parte del dinero para comprar electrodomésticos, hacer arreglos en su casa y ayudar económicamente a familiares. Entre sus gastos, incluyó la compra de dos televisores, uno de los cuales fue un obsequio, y varias transferencias de montos menores a allegados. “Nunca compré sushi ni un auto, como se dijo en algunos medios”, aclaró públicamente.

El origen del error fue un fallo cometido por un contador del Gobierno de San Luis, quien transfirió indebidamente entre 510 y 540 millones de pesos, según distintas fuentes. Tras detectar la equivocación, la administración provincial presentó una denuncia judicial. Sin embargo, hasta el momento, el empleado responsable no fue imputado.

La fiscalía sostiene que Acosta realizó 66 transferencias, aunque ella asegura que fueron múltiples movimientos a los mismos destinatarios, con cifras que rondaban los $500.000. Todas las operaciones fueron digitales y registradas.

La mujer, que no cuenta con antecedentes penales, fue detenida junto a cinco familiares. Durante los allanamientos, las autoridades secuestraron artículos adquiridos con el dinero, efectivo y hasta los celulares de sus hijos menores. Todos los detenidos enfrentan cargos por defraudación al Estado, retención indebida y uso indebido de tarjetas. La jueza de Garantías impuso una fianza de $30 millones por persona, con apenas tres días para reunirla, bajo amenaza de prisión preventiva.

“Es una medida desproporcionada para personas sin antecedentes, sin recursos y con domicilio conocido”, argumentó su defensor, quien ya apeló tanto la imputación como el monto exigido.

Desde el Gobierno provincial aseguran que se intentó contactar a Acosta previamente, y que la buena fe debía demostrarse con acciones. A pesar de que ya se recuperó el 90% del dinero, la situación judicial de la familia sigue sin resolverse.

Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá decidir si mantiene o revoca las medidas impuestas. Por su parte, Acosta insiste en su inocencia: “No sabíamos que era dinero del Gobierno. Nunca actuamos con mala intención. El error no fue nuestro, pero nos tratan como si fuéramos delincuentes”.

Fuente: ADN Sur.