Los sindicatos del sector petrolero denuncian una fuerte caída en la actividad, la salida de empresas y más de 500 despidos desde que Petróleos Sudamericanos asumió el control del Clúster Norte, lo que genera un clima de alta incertidumbre en Mendoza. Advierten que, de no mediar soluciones, podrían decretar un paro total tras el 13 de junio.

En enero de 2025, en el marco del Plan Andes, la provincia de Mendoza y YPF concretaron la transferencia del Clúster Norte a la empresa Petróleos Sudamericanos S.A. Esta operación abarcó la cesión del 100% de la participación de YPF en seis áreas estratégicas —Barrancas, Vizcacheras, La Ventana, Mesa Verde, Ceferino y Río Tunuyán— que juntas representan cerca del 25% de la producción total de hidrocarburos de la provincia, con un volumen de 2.200 m³/día.

Sin embargo, la llegada de la nueva operadora no ha cumplido con las expectativas. Gabriel Barroso, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, afirmó que, lejos de invertir y aumentar la producción como se había prometido, la empresa ha despedido a más de 500 trabajadores. “Todos los días se suman nuevos despidos,” denunció.

Según Barroso, Petróleos Sudamericanos justifica los despidos argumentando exceso de personal, pero los sindicatos interpretan que la empresa busca desinvertir y reducir al mínimo la operación productiva. “Han venido a saquear lo que queda del Clúster Mendoza Norte,” señaló.

El impacto es significativo: solo en las últimas semanas se registraron más de 300 despidos, y considerando todos los sectores —producción, servicios, transporte, proveedores y mantenimiento— la cifra podría acercarse a 800.

Los sindicatos de Camioneros, Petroleros Jerárquicos y Petróleo y Gas Privado elevaron un reclamo formal al ministro Natalio Mema, exigiendo medidas urgentes para evitar un colapso operativo, social y ambiental. Además, alertaron que un reciente cambio tarifario pone en riesgo la continuidad de seis equipos activos en la zona, cuyos trabajos son clave para mantener la producción y el mantenimiento de pozos.

“El cierre de esos equipos paralizaría tareas esenciales como cementación y bombeo, lo que comprometería toda la operación,” indicaron.

Desde el gobierno provincial, en tanto, respondieron que el petitorio presentado contiene “falacias” y aclararon que no intervienen en la política interna de las empresas. También aseguraron que cualquier incumplimiento de la normativa laboral será tratado en la Subsecretaría de Trabajo y la Justicia Laboral.

Salida de empresas clave y deterioro del sector

Paralelamente a la reducción operativa de Petróleos Sudamericanos, empresas fundamentales en servicios técnicos como Superior Energy y Geo Services ya comenzaron su retirada de Mendoza, lo que incrementa la pérdida de empleos y agrava la situación de la infraestructura local.

Julián Matamala, secretario general del Sindicato de Personal Jerárquico del Petróleo, criticó la falta de gestión en la transferencia y remarcó que de los 12 equipos originales en la zona solo quedan 6, con la posibilidad de reducirse a 4.

Matamala confirmó que su sindicato ha sufrido la pérdida de más de 300 trabajadores, muchos con décadas en la industria. “Estos trabajadores solo saben hacer petróleo, y reinsertarse en otros sectores con salarios similares es imposible,” lamentó.

Intentos de reubicación laboral en otras cuencas, como Neuquén, fracasan por prejuicios regionales: “Nos dicen que ‘son menducos’ y no los reciben,” añadió.

Riesgo ambiental y escalada del conflicto

Los sindicatos también alertan sobre un pasivo ambiental creciente debido a la paralización de tareas críticas para el abandono técnico de pozos, lo que pone en riesgo la calidad de las napas de agua en la región.

Matamala cuestionó la falta de respuesta gubernamental y pidió pensar en las familias petroleras afectadas por esta crisis.

Con el diálogo estancado y sin una solución clara, los gremios están bajo conciliación obligatoria hasta el 13 de junio. De no avanzar en las negociaciones, anticipan un paro total para luego de esa fecha. “Con los petroleros no se juega, menos con las familias que dependen de este trabajo,” concluyó Matamala.

Fuente: Diario Los Andes.