Durante el encuentro -del que también formaron parte representantes ministeriales de Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, Neuquén y del Consejo Agrario Provincial-, se expusieron las preocupaciones compartidas por las provincias del sur ante el riesgo que esta medida podría generar sobre el estatus sanitario diferencial que caracteriza a la Patagonia, construido tras décadas de esfuerzo articulado entre el sector público y privado.

“El ingreso de carne proveniente de zonas con vacunación puede poner en riesgo el posicionamiento que logramos construir durante décadas. Hablamos de mercados altamente exigentes, como la Unión Europea, Japón o Australia, donde las condiciones de ingreso son estrictas y cualquier alteración del estatus sanitario puede significar una pérdida significativa para la producción ovina regional”, explicó Lunzevich.

En ese sentido, se acordó avanzar con la elaboración de un documento técnico-político que será remitido a la Secretaría de Agricultura y al SENASA, solicitando precisiones sobre los alcances reales de la norma y exigiendo garantías de que no se verá comprometida la continuidad de los mercados internacionales con la región patagónica.

Uno de los ejes del debate fue la necesidad de articular esfuerzos con el sector privado para promover las acciones judiciales necesarias. “Si bien desde el Gobierno Provincial no podemos presentar un amparo, pero sí trabajamos para coordinar una estrategia que permita a los sectores damnificados -productores, frigoríficos, asociaciones- presentar los recursos judiciales que correspondan. La sinergia entre lo público y lo privado es clave para que prevalezca el interés general ante decisiones unilaterales que nos perjudican como región productiva”, subrayó la ministra de la Producción.

A su vez, se solicitó al Gobierno Nacional que comparta de forma oficial las respuestas de organismos internacionales como la Unión Europea y Chile respecto a esta normativa. “Hasta ahora no hemos recibido documentación que confirme que no habrá impacto en los mercados de exportación. Es fundamental contar con esa información para tomar decisiones con responsabilidad y resguardar los intereses de la provincia”, afirmó.

Durante la reunión también se señaló la ambigüedad de la resolución nacional, que si bien menciona explícitamente la carne vacuna con hueso plano, no aclara el tratamiento para otras carnes, lo que genera incertidumbre y posibles interpretaciones que podrían agravar el impacto en la cadena productiva regional.

Finalmente, el secretario de Comercio remarcó que el supuesto beneficio de un “asado más barato” no compensa el riesgo que enfrenta una economía regional construida sobre bases sanitarias diferenciales. “En el caso de Santa Cruz, por la distancia con los centros de abastecimiento, la baja en origen podría diluirse por el impacto del flete. Estamos hablando de decisiones que comprometen años de trabajo, posicionamiento y apertura de mercados. Como provincia, vamos a defender con firmeza ese camino”, concluyó.