Adosac, manifestó su rechazo al inicio del juicio oral contra los dirigentes docentes y referentes de la CTA de Misiones, Mónica Gurina y Leandro Sánchez, quienes enfrentan acusaciones por haber participado y conducido las protestas del “misionerazo” de 2024. Aquella histórica medida unió a trabajadores de la educación, de la salud e incluso a sectores de la policía en un reclamo salarial que, tras un mes de movilización, logró una victoria para los estatales.

Según expresaron desde el gremio santacruceño, el Estado “viene ahora por la revancha”, promoviendo una criminalización de la protesta social que consideran grave y peligrosa. Señalan que el proceso judicial de esta semana contra Gurina y Sánchez es un intento de disciplinar y deslegitimar las luchas sindicales que permitieron conquistar mejoras laborales.

ADOSAC recordó además que en Santa Cruz aún permanecen procesados cuatro trabajadores por las jornadas de protesta de 2017, lo que evidencia según afirmaron una tendencia nacional creciente hacia la persecución de manifestantes en un contexto político particularmente sensible.

“El avance de la criminalización se profundiza en un país donde la cúpula militar se integró esta semana al gobierno nacional”, advirtió la organización, en un mensaje que busca llamar la atención sobre el clima institucional actual.

Finalmente, el sindicato exigió la absolución inmediata de Leandro Sánchez y Mónica Gurina, y reafirmó:
“La protesta es un derecho constitucional y no un delito”.