Mientras en el país es inminente la firma de un acuerdo para reconocer un ingreso no remunerativo a trabajadores que están sin actividad por la cuarentena obligatoria, en Santa Cruz, los sindicatos apuntan a continuar negociando.

Con yacimientos prácticamente paralizados a raíz de la situación sanitaria, varios sindicatos que nuclean a trabajadores de la industria hidrocarburífera se aprestan a rubricar un acuerdo con las cámaras empresarias, que tendrá como resultado la suspensión de más de 30 mil trabajadores, por un periodo de 60 días, para evitar despidos. El acuerdo, que se firmaría el próximo lunes en el Ministerio de Trabajo de Nación, no deja a todos conformes ya que implicará una reducción salarial de hasta en un 70%.

Si bien la mayoría de los sindicalistas mostró predisposición para lograr un entendimiento con las compañías petroleras, el gremio de petroleros de base de Santa Cruz, conducido por Claudio Vidal, entiende que más allá del contexto sanitario, hay una realidad económica que no debe repercutir en los asalariados.

Tras la reunión desarrollada este jueves, desde este sector informaron su posición y consideraron insuficiente la propuesta. “Somos conscientes de la situación de pandemia que tiene en vilo a todo el mundo, apostamos al diálogo, pero no estamos dispuestos a relegar los derechos de los trabajadores” expresó Sebastián Santillán como miembro del sindicato.

Agregó, que culminada la reunión realizaron las denuncias ante el Ministerio de Trabajo solicitando apertura de paritarias con revisión de cláusula gatillo como también, que el organismo llame a la cámara empresarial y al sindicato para abordar una discusión seria que no afecte los haberes de los trabajadores

Por otra parte, la negociación con el sector jerárquico avanza cautelosamente dado que las petroleras aún no comunicaron cuál es la propuesta concreta, aunque se estima que el ajuste salarial promediará el 45% o 50 por ciento.

Con la suspensión del personal por causas de fuerza mayor estipulada en la Ley de Contrato de Trabajo y el pago de una prestación no remunerativa que consiste en el básico, la diferencia zonal y la vianda alimentaria, los trabajadores cobrarán un promedio de 35.000 pesos, muy por debajo de los ingresos que cobraban habitualmente.

El contexto para los próximos meses es complejo, la negociación se extiende y se tensa mientras algunas empresas ya iniciaron con recortes salariales o pagos desdoblados.

La discusión trasciende por estas horas el dilema de privilegiar la salud o la economía en tiempos de pandemia, más aún cuando el cimbronazo de esta última repercutirá en la recaudación de muchos otros sectores.