A seis días de la desaparición de Mario César García, sus familiares denunciaron públicamente la falta de avances concretos y de información oficial por parte de las autoridades judiciales y de seguridad. A través de una carta abierta difundida en las últimas horas, señalaron demoras en la activación de protocolos, ausencia de despliegue estatal y presuntas irregularidades en el accionar posterior a la denuncia.

Según consta en el documento, García permanece desaparecido desde el 8 de diciembre en la ciudad de Caleta Olivia. La familia recordó que el 5 de noviembre el hombre había realizado una denuncia pública, difundida por un medio local, en la que expuso presuntas irregularidades en el funcionamiento de una comisaría y ratificó esas acusaciones ante la Fiscalía N.º 1. Un mes después, indicaron, se produjo su desaparición.

En la carta, los familiares advirtieron que la herramienta conocida como “Clave 19”, destinada a la búsqueda inmediata de personas, fue emitida siete horas después de realizada la denuncia, lo que —según sostienen— vulnera protocolos básicos y compromete la investigación. También afirmaron que, pese a la existencia de una pista concreta que requería un rastrillaje urgente, no se dispusieron recursos ni presencia estatal en el lugar.

A este contexto se suma el reclamo por la falta de respuestas en las instancias judiciales. “Hace seis días que no nos dicen ni pío”, expresó un familiar, quien además aseguró que cada vez que intenta ampliar la denuncia recibe como respuesta que, si el dato es certero, la persona que lo aportó debe presentarse a declarar. “Incluso nos dicen que, si podemos, la llevemos nosotros”, señalaron.

En el escrito, la familia exigió una búsqueda real e inmediata, una investigación independiente, transparencia y responsabilidades, y advirtió que cualquier hecho que afecte su integridad o la de su entorno debe ser analizado en el marco de la denuncia pública realizada previamente. Los familiares en la nota, hacen un llamado a la comunidad y a los organismos de derechos humanos, al considerar que la inacción estatal frente a una desaparición constituye una vulneración grave de derechos fundamentales.