La Corte Suprema de Justicia declaró este jueves inexistente una decisión tomada la semana pasada por uno de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz e instó a tomar una nueva resolución del cuerpo, de manera inmediata, que cumpla con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Si bien la cuestión parece técnica, se trata de una clara advertencia de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti frente a los conflictos abiertos en esa provincia tras la ley que impulsó el gobernador Claudio Vidal para ampliar de cinco a nueve los miembros de su tribunal superior.

En ese sentido, la Corte Suprema de la Nación envió una clara señal a la Justicia provincial y en particular al Tribunal Superior provincial por las falencias expuestas en el trámite que se sustanció allí a raíz de la polémica reforma de la Corte santacruceña. El conflicto se enmarca en la decisión tomada en agosto pasado por la Legislatura de Santa Cruz, que aprobó la ley 3949 para ampliar de cinco a nueve miembros el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia. El proyecto fue impulsado por el bloque oficialista “Por Santa Cruz” con el argumento de modernizar y agilizar el máximo tribunal provincial y contó con la oposición del kirchnerismo, que dejó el poder después de más de veinte años al frente del Ejecutivo local.

Con la ley aprobada, el gobernador Claudio Vidal envió cuatro ternas para ser elegidas por la Legislatura. Allí se avanzó con la designación de sólo dos de los cuatro postulantes: se eligió a un ex gobernador de la provincia y ex jefe de la SIDE durante el gobierno de Néstor Kirchner, y a José Antonio González Nora. El gobernador Vidal afirmó en la sala de audiencias, donde el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Mariani, les tomó juramento a los dos nuevos integrantes, que no le importaban los aprietes y que la justicia debía ser independiente y trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz.

Sin embargo, apenas un rato después, los otros cuatro miembros del máximo tribunal de Santa Cruz declararon nula la decisión que permitió la llegada de los nuevos jueces. La resolución, firmada por los vocales Alicia Mercau, Paula Ludueña, René Fernández y Fernando Basanta, señaló que la jura celebrada carecía de los presupuestos de validez que exige el orden constitucional. En el gobierno de Santa Cruz tildan a esos magistrados de kirchneristas, dado que uno de ellos fue ministro de Alicia Kirchner, otro fue asesor de la Secretaría Legal y Técnica de Néstor Kirchner y la tercera es hija de un senador kirchnerista y esposa de un exsecretario privado de Alicia Kirchner.

Esos jueces tomaron como justificación una cautelar que había firmado el juez Marcelo Bersanelli, quien fue abogado de Cristina Kirchner. El gobernador Vidal acusó directamente a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner, afirmando que habían operado un golpe judicial en Santa Cruz.

Los cuestionamientos en busca de las medidas cautelares contra la reforma partieron de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz 3 de Julio contra la provincia de Santa Cruz. En su reclamo, se solicitaba la invalidez constitucional de la ley de ampliación, la anulación de todos los actos dictados en consecuencia, que se ordenara a los nuevos jueces abstenerse de ejercer sus funciones y se prohibiera tomar juramento a los otros dos que aún no habían asumido.

Tras considerar inválidos los juramentos de los dos nuevos integrantes, los cuatro jueces que se opusieron a su llegada también desplazaron de la presidencia del Tribunal a Daniel Mariani. De acuerdo a esa resolución, Mariani vulneró los procedimientos porque decisiones de esta magnitud requerían consenso pleno y porque ignoró la cautelar que frenaba la incorporación de nuevos jueces. En tanto, Mariani también fue apartado por sus colegas del trámite de la cuestión de fondo.