“Mientras el Estado Provincial realiza un esfuerzo inconmensurable para abonar los salarios de los trabajadores estatales dentro de los plazos legales, en un contexto de fuerte restricción de recursos, el Superior Tribunal de Justicia avanza con aumentos muy por encima de las pautas inflacionarias previstas”, señaló Verbes.

El ministro remarcó que las paritarias en Santa Cruz son el resultado de largos procesos de discusión, con idas y vueltas y responsabilidad fiscal. En ese marco, explicó que durante el presente año aún no se han fijado fechas de convocatoria salarial para el conjunto del sector público, precisamente por la falta de recursos y la incertidumbre respecto de los ingresos provinciales.

“Esa es la realidad que viven miles de trabajadores y trabajadoras del Estado. Sin embargo, en ese mismo contexto, los jueces del Tribunal deciden autoasignarse incrementos salariales mediante mecanismos automáticos, sin discusión, sin consenso y completamente desconectados de la situación económica de la provincia”, afirmó.

Verbes advirtió que esta decisión implica un costo cercano a los $40.000.000.000 anuales, recursos que salen del mismo presupuesto que financia la salud pública, la educación y el mantenimiento de las rutas que utilizan todos los santacruceños. “No se trata de una cifra abstracta: cada peso destinado a estos privilegios es un peso menos para políticas públicas esenciales”, subrayó.

Asimismo, el ministro consideró que esta conducta del Superior Tribunal de Justicia evidencia un profundo desapego a la lógica cotidiana de los santacruceños, basada en el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio para superar la crítica situación económica que atraviesa la provincia y el país.

“Estamos hablando de salarios de absoluto privilegio, sostenidos por un sistema de indexación que no responde a ningún criterio lógico ni razonable, y que garantiza aumentos periódicos completamente disociados de la realidad social, sumiendo a un sector del Poder Judicial en un ámbito de obscena ostentación”, sostuvo.