El diputado nacional por Santa Cruz, Juan Carlos Molina, afirmó que en el Congreso de la Nación se están dando debates “innecesarios y oportunistas” y aseguró que desde su bloque trabajan para frenar tres iniciativas centrales del Gobierno nacional: la baja de la edad de imputabilidad penal juvenil, la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares. Las declaraciones las realizó en diálogo con Verano Caletense.

En relación a la imputabilidad penal, Molina rechazó la intención de reducirla a los 14 o 13 años y sostuvo que se trata de un debate instalado “desde el caranchismo político”, aprovechando hechos trágicos para generar división social. Remarcó que el delito juvenil representa apenas entre el 1 y el 2% del total y que los índices han bajado, desmintiendo que exista una “puerta giratoria” en la Justicia. “Hoy hay herramientas legales y los chicos son sujetos de derecho”, afirmó.

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Sobre la reforma laboral, el diputado advirtió que beneficia a unos pocos y perjudica seriamente a los trabajadores. Denunció un proceso de “changarización” del empleo, con salarios que no alcanzan y personas obligadas a tener múltiples trabajos. En ese marco, expresó su respaldo a las medidas de fuerza del movimiento obrero y consideró necesario un paro nacional para frenar el avance de la iniciativa.

Molina también se refirió a la posible modificación de la Ley de Glaciares, señalando que el debate de fondo es la entrega del agua y de los territorios estratégicos. Alertó sobre la extranjerización de zonas con recursos naturales y advirtió que la ley protege no solo los glaciares visibles, sino también los ambientes periglaciares donde se concentran reservas de agua y potencial explotación minera.

Por otro lado, confirmó la presentación de un amparo judicial en Río Gallegos contra el artículo 30 del Presupuesto 2026, que recorta fuertemente el financiamiento a la educación técnica, la ciencia y la tecnología. El juez federal ya dio lugar al planteo y solicitó informes al Ejecutivo nacional, lo que podría derivar en la suspensión del artículo cuestionado.

Finalmente, el legislador aseguró que continuará impulsando pedidos de informes por la falta de medicamentos en la provincia y remarcó que “la política tiene que dar pelea” para defender derechos básicos como la educación, la salud y el trabajo, aun cuando los debates parezcan lejanos pero terminan impactando directamente en el territorio santacruceño.