En diálogo con El Caletense Radio , Latini denunció que la decisión del Gobierno nacional implica “un despido de un millón de compañeros y compañeras” y que en Santa Cruz afectará a 4.719 beneficiarios, de los cuales cerca de 4.000 residen en Caleta Olivia.

Según explicó, el recorte no solo golpea a quienes dependen de este ingreso mínimo de 78.000 pesos, sino también a la economía regional, ya que esos recursos se traducen en consumo directo en comercios locales.

El dirigente subrayó que los beneficiarios realizan tareas comunitarias en comedores, merenderos, proyectos de limpieza y acompañamiento social, por lo que reclamó que sean reconocidos como trabajadores esenciales. Además, destacó las iniciativas de concejales y diputados que manifestaron su rechazo a la medida y la presentación de un amparo judicial para frenar la baja.

Latini advirtió que la situación se agrava por la pérdida de 10.000 empleos formales en la industria santacruceña en los últimos dos años y propuso la creación de un seguro provincial al desocupado financiado con recursos de la actividad minera. “No vamos a permitir que se quite esta ayuda que, aunque mínima, es la diferencia entre poder o no comer”, concluyó.

Acá la nota completa