Roch insiste con abandonar áreas petroleras en Tierra del Fuego y crece la tensión con la provincia

La petrolera Roch ratificó su decisión de abandonar tres áreas en Tierra del Fuego pese al rechazo del Gobierno provincial, en un contexto marcado por el creciente retiro de operadoras de yacimientos convencionales en distintas provincias del país.

La petrolera Roch, encabezada por Ricardo Chacra, ratificó su decisión de abandonar tres áreas hidrocarburíferas en Tierra del Fuego —Río Cullen, Las Violetas y Angostura— pese a que el Gobierno provincial reiteró que el proceso de reversión no fue aprobado y que las concesiones continúan bajo responsabilidad de la empresa.

El conflicto expone una problemática cada vez más frecuente en distintas provincias petroleras: el retiro acelerado de operadoras de áreas convencionales consideradas menos rentables frente al avance de desarrollos no convencionales como Vaca Muerta.

Las concesiones en disputa vencen en aproximadamente 90 días y forman parte de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Roch S.A., Petrolera El Trébol, Desarrollos Petroleros y Ganaderos, Crown Point Energía, St. Patrick Oil & Gas y Secra S.A.

El Gobierno fueguino ya había rechazado el pedido de devolución parcial de las áreas mediante la Resolución 43/26 del Ministerio de Energía. Posteriormente, a través de la Resolución 53/26, la cartera conducida por Gabriela Castillo volvió a ratificar esa decisión y mantuvo paralizado el trámite de reversión.

Desde la provincia sostienen que la devolución de concesiones no puede realizarse de manera unilateral y remarcaron que la UTE continúa siendo plenamente responsable de las áreas hasta que exista una aceptación formal por parte del Estado.

Además, el Ministerio de Energía provincial cuestionó presuntos incumplimientos de inversión y advirtió sobre riesgos ambientales vinculados a las concesiones. Entre otros puntos, se exigió a la empresa la presentación de informes de pasivos ambientales y auditorías de integridad mecánica antes de avanzar con cualquier proceso de devolución.

La discusión también incluye el pago del canon de explotación. El Gobierno fueguino rechazó la intención de Roch de limitar el abono únicamente a las superficies remanentes y sostuvo que las obligaciones económicas y ambientales alcanzan a la totalidad de las áreas concesionadas, independientemente del origen o antigüedad de los pozos.

Un cambio de estrategia empresarial

La relación entre Roch y el Gobierno fueguino cambió drásticamente en pocos meses. A fines del año pasado, la empresa buscaba extender sus concesiones en la isla, mientras que la provincia analizaba con cautela esa posibilidad.

Sin embargo, el escenario se modificó luego de que Roch obtuviera nuevas áreas convencionales en Santa Cruz: Cañadón Yatel, El Guadal-Lomas del Cuy y Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte. Estos bloques serán desarrollados junto al empresario Ali Moshiri —ex CEO de Chevron para América Latina— y Doris Capurro, exdirectiva de YPF.

Con esas nuevas oportunidades de inversión, las áreas fueguinas dejaron de ser estratégicas para la compañía, según interpretan desde el Gobierno provincial, que calificó el pedido de reversión como parte de una “estrategia de desinversión selectiva” sostenida durante los últimos años.

Una problemática que se repite en otras provincias

El caso de Tierra del Fuego no es aislado. El retiro de empresas de áreas convencionales comenzó a multiplicarse en distintas cuencas petroleras del país, impulsado por la menor rentabilidad de yacimientos maduros frente al atractivo económico de Vaca Muerta.

En Río Negro ya se registraron casos similares de abandono de áreas, mientras que en Mendoza la situación se profundizó luego de que YPF se desprendiera de 55 bloques convencionales entre 2024 y principios de 2025.

Si bien el gobierno mendocino impulsó licitaciones para reactivar esos yacimientos, varias áreas quedaron sin nuevos operadores y permanecen prácticamente abandonadas.

El avance de este fenómeno genera preocupación en las provincias productoras por el impacto económico, laboral y ambiental que implica el retiro acelerado de operadoras en yacimientos maduros que aún requieren tareas de mantenimiento, recuperación secundaria y remediación ambiental.

Fuente:Minuto de Cierre.

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