La ministra de Gobierno de Santa Cruz, Belén Elmiger, destacó el fallo del Tribunal Superior de Justicia que revocó la medida cautelar que impedía la aplicación del artículo 22 de la Ley N° 1782 y afirmó que la resolución representa "un paso importante para fortalecer la institucionalidad y el respeto por las normas".

"Este fallo reafirma la institucionalidad y que las leyes hay que aplicarlas como están, porque para eso fueron sancionadas", expresó la funcionaria, al referirse a la decisión del máximo tribunal provincial.

Un respaldo a la sustentabilidad del sistema previsional
Elmiger remarcó que la vigencia del régimen previsto por la Ley N° 1782 resulta indispensable para garantizar el financiamiento del sistema previsional santacruceño.

"Si hablamos de la sustentabilidad del sistema previsional, no podemos obviar que las municipalidades tienen que transferir a la Caja de Previsión y a la Caja de Servicios Sociales lo que les retienen a los trabajadores, además del aporte patronal. Eso es lo que sostiene la solidaridad y la sustentabilidad del sistema", sostuvo.

En ese sentido, explicó que cuando esos recursos no son transferidos, el esfuerzo para afrontar las jubilaciones recae exclusivamente sobre el Estado provincial.

"De lo contrario, es el Estado provincial el que termina sosteniendo las jubilaciones de los trabajadores municipales cuyos aportes no fueron ingresados", señaló.

"Empieza una nueva etapa de cumplimiento de la ley"
La ministra también aseguró que el fallo marca un cambio en la forma de administrar los recursos públicos y de hacer cumplir la legislación vigente.

"Ahora las leyes se empiezan a aplicar y no como antes, cuando muchas veces se gobernaba al margen de la letra de la norma. Tanto las municipalidades como la Provincia tienen claridad sobre el marco legal con el que deben manejarse", afirmó.

Finalmente, Elmiger consideró que la decisión del Tribunal Superior de Justicia brinda previsibilidad institucional y ratifica la obligación de todos los organismos públicos de cumplir con las normas vigentes, fortaleciendo un sistema previsional basado en la solidaridad y el aporte de todos los empleadores públicos