La Oficina del Presidente informó este viernes que la Cancillería inició los procedimientos para investigar posibles incumplimientos de las prohibiciones establecidas en el artículo 2° de la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas en las áreas en disputa sin autorización argentina.

Según explicó el Gobierno, las medidas no alcanzan únicamente a las compañías que participan directamente de la explotación petrolera. También incluyen a accionistas y empresas que les brindan servicios financieros, logísticos, aseguradores y vinculados con la actividad energética.

Desde el Ejecutivo remarcaron que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes “son argentinos” y señalaron que las nuevas acciones buscan impedir que empresas obtengan beneficios económicos a partir de la explotación de recursos naturales en las zonas reclamadas por Argentina.

El anuncio se produjo luego de que el canciller Pablo Quirno informara que alrededor de 180 empresas relacionadas con las actividades hidrocarburíferas en las islas habían sido notificadas por el Gobierno. De acuerdo con el funcionario, deberán decidir si continúan con sus operaciones y se exponen a sanciones en Argentina o abandonan esas actividades.

Quirno explicó que la Ley 26.659 ya contemplaba este tipo de sanciones y que el Gobierno avanzó en su reglamentación para agilizar los procedimientos y fortalecer su aplicación.

En paralelo, el canciller destacó el potencial de Vaca Muerta como alternativa para las empresas vinculadas al sector. En ese sentido, planteó que las compañías deberán elegir entre continuar invirtiendo en un territorio cuya soberanía es disputada o apostar por proyectos energéticos dentro de la Argentina.

El foco en el proyecto Sea Lion

La ofensiva del Gobierno está relacionada principalmente con el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas. La iniciativa es operada por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, propietaria del 35%.

Ambas compañías cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas, que Argentina considera ilegales. El proyecto contempla el desarrollo de un yacimiento que tendría, según estimaciones citadas por Reuters, alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo. La producción está prevista para comenzar en 2028.

Quirno calificó el avance de las actividades hidrocarburíferas en las islas como una “amenaza” y defendió la estrategia adoptada por el Gobierno para proteger los recursos considerados estratégicos por Argentina.

Reino Unido rechazó las medidas

El Gobierno británico rechazó la postura argentina y ratificó su respaldo a las Islas Malvinas. Londres sostiene que su compromiso con el archipiélago es “absoluto e inamovible” y reivindica el derecho de los habitantes de las islas a la autodeterminación.

Por su parte, las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion cuestionaron las medidas anunciadas por el Gobierno argentino y consideraron que las sanciones no tendrían un impacto significativo sobre el desarrollo de la iniciativa.

Fuente: TN Noticias.