La causa que investiga la presunta privación ilegal de la libertad y el abandono de persona en una familia de Esquel sumó una nueva resolución judicial. Al cumplirse los primeros diez días de detención de Miguel Edgardo Battista, el magistrado interviniente decidió modificar las condiciones de su encierro y otorgarle la prisión domiciliaria por un período inicial de 30 días.

La decisión se conoció este viernes 30 de octubre y representó un cambio respecto del planteo realizado por el Ministerio Público Fiscal. La fiscal Cecilia Bagnato confirmó que la acusación había solicitado extender la prisión preventiva efectiva en una dependencia policial, al considerar que todavía existían riesgos procesales que podían afectar el desarrollo de la investigación.

Entre los argumentos expuestos por la Fiscalía se encontraban la posibilidad de que el imputado pudiera entorpecer la producción de pruebas y el eventual peligro de fuga. Sin embargo, durante la audiencia, la defensa presentó nuevos testigos y sostuvo su postura respecto de la situación procesal del acusado.

Finalmente, el juez consideró que Battista, de 71 años, cuenta con arraigo en la zona y resolvió aplicar una medida de coerción menos restrictiva. El arresto domiciliario deberá cumplirse en una vivienda distinta de aquella donde se produjeron los hechos investigados y bajo condiciones de seguridad establecidas por la Justicia.

Otro de los puntos centrales de la investigación está relacionado con las excavaciones realizadas en el patio de la propiedad familiar. Durante esos procedimientos se encontraron restos óseos y elementos de características infantiles, cuyo origen todavía no fue determinado.

La defensa había sostenido que los huesos correspondían a animales de la familia, particularmente perros que habrían sido enterrados en el terreno. Sin embargo, la fiscal Bagnato aclaró que no se descartará ninguna hipótesis hasta contar con los resultados de los estudios científicos.

En ese sentido, explicó que un antropólogo forense deberá analizar los restos para establecer su procedencia. La funcionaria también hizo referencia a la presencia de ropa y otros elementos infantiles encontrados durante los procedimientos, una situación que abrió nuevos interrogantes para los investigadores.

“Algo ocurrió ahí y no sabemos qué”, expresó Bagnato al referirse a los hallazgos. La Fiscalía espera que los análisis especializados permitan determinar qué sucedió y si esos elementos guardan relación con los hechos que dieron origen a la causa.

En paralelo, la investigación avanzó con la toma de testimonios a los integrantes del grupo familiar. Según confirmó la fiscal, los tres adolescentes ya declararon mediante el sistema de Cámara Gesell, un procedimiento especialmente previsto para recibir testimonios de niños y adolescentes en condiciones adecuadas.

La funcionaria evitó revelar el contenido de esas declaraciones para preservar la intimidad de los menores y las garantías correspondientes al proceso judicial. La información sobre sus testimonios tampoco fue ampliada públicamente, por lo que no corresponde anticipar conclusiones sobre lo que pudieron haber manifestado.

La situación de la madre es diferente. La mujer continúa internada y bajo seguimiento del sistema de salud, por lo que todavía no se encuentra en condiciones de brindar una entrevista a los investigadores. Una eventual declaración dependerá de su evolución clínica y de la evaluación de los profesionales que la asisten.

Mientras tanto, tanto ella como sus hijos permanecen bajo resguardo y con intervención del Servicio de Protección de Derechos, organismo que acompaña la situación familiar.

Con la prisión domiciliaria ya dispuesta, la Fiscalía deberá continuar reuniendo pruebas para sostener la hipótesis que dio origen al allanamiento de la vivienda del barrio La Cascada. Entre las medidas pendientes se encuentran pericias psicológicas, informáticas y antropológicas, consideradas relevantes para reconstruir lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Dentro de 30 días deberá revisarse nuevamente la situación de detención de Battista. Además, la investigación cuenta con un plazo legal de seis meses para completar las medidas probatorias y evaluar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual instancia de juicio.

Por ahora, el bioquímico continúa imputado por privación ilegal de la libertad y abandono de persona, mientras la Justicia espera los resultados de los estudios pendientes. La causa permanece abierta y las conclusiones dependerán de las pruebas que puedan incorporarse durante los próximos meses.