Un vecino de Río Gallegos que había sido imputado por el delito de comercio de estupefacientes obtuvo el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, luego de que la acusación fuera modificada a tenencia simple. La resolución fue adoptada por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz durante una audiencia realizada el pasado 2 de noviembre.

La causa se originó el 18 de enero de 2019, cuando efectivos policiales realizaron un registro domiciliario en una vivienda de la capital provincial. Durante el procedimiento secuestraron dos envoltorios de nylon que contenían un total de 40,40 gramos de marihuana.

A partir de ese operativo, el hombre fue procesado y posteriormente enviado a juicio bajo la acusación inicial de comercio de estupefacientes, una figura contemplada en la Ley 23.737. Sin embargo, durante la audiencia ante el tribunal, el fiscal interino Julio César Zárate modificó la calificación legal del hecho y lo encuadró como tenencia simple.

Con ese cambio, la defensa oficial solicitó la aplicación de la suspensión del juicio a prueba, conocida como *probation*, prevista en el artículo 76 bis del Código Penal. El pedido fue presentado por el defensor público Ricardo Gastón Morillo y contó con la conformidad de la Fiscalía.

Durante la audiencia también se expuso la situación personal, familiar y económica del imputado. Se indicó que trabaja en el Estado, que no registra antecedentes penales computables y que tiene personas a cargo. Además, se informó que mantiene incompletos sus estudios secundarios: adeuda el último año del bachillerato y una materia de cuarto año.

Como parte del acuerdo, se propuso una reparación económica de 200.000 pesos, que deberá ser abonada en dos cuotas y destinada al Centro Hogar de Cristo. También se estableció la realización de tareas comunitarias en esa institución.

A esas obligaciones se sumó una condición vinculada con su formación educativa: el hombre deberá reinscribirse y retomar sus estudios para completar el nivel secundario.

El beneficio tendrá una duración de un año, período durante el cual deberá cumplir las pautas de conducta establecidas por la Justicia. La suspensión del juicio a prueba implica que el proceso penal queda paralizado mientras se respeten las condiciones acordadas.

De esta manera, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz habilitó una salida alternativa al juicio, con obligaciones económicas, comunitarias y educativas para el imputado. El cumplimiento de esas condiciones será determinante para el cierre del proceso en los términos previstos por la normativa.