El titular de la cartera social santacruceña fue contundente respecto a la implementación de la nueva ley penal juvenil en la provincia. Remarcó que la misma careció de un debate suficiente antes de su aprobación y aunque ya está vigente, el desafío radica en construir una articulación real entre los tres poderes del Estado y las familias para priorizar la contención.

El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, Sebastián Georgion, habló acerca de la nueva ley penal juvenil, norma que rige a nivel nacional. En ese sentido, fue contundente respecto a su postura sobre la misma, aunque diferenció su opinión personal de la responsabilidad institucional de gestión. "Es una ley a la cual le faltó debate y que, lamentablemente, fue aprobada. Si me preguntan si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo; pero, así como fue aprobada, tiene que llegar y debe ser implementada en cada provincia", explicó.

Por otra parte, Georgion subrayó que la aplicación de la ley exige un trabajo coordinado entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, destacando la apertura institucional evidenciada recientemente durante el Consejo Provincial de Niñez realizado en la localidad de Gobernador Gregores, donde referentes de la Justicia expusieron y debatieron junto a las áreas sociales.

"En algún momento la Justicia se sentaba solamente a juzgar y no a entender que forma parte de uno de los poderes del Estado, y que esto lo tenemos que construir y anticipar", afirmó el ministro, valorando el cambio de paradigma hacia un abordaje integral de las problemáticas infanto-juveniles.

Del nuevo Régimen penal

El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley N.º 27.801, crea un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por la comisión de delitos, y deroga la Ley N.º 22.278, sancionada en 1980 durante la última dictadura militar, que rigió durante más de cuatro décadas bajo un modelo tutelar incompatible con los estándares constitucionales e internacionales vigentes.

El régimen busca garantizar una respuesta especializada frente al delito, respetando las garantías del debido proceso y los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño, y promoviendo la responsabilización, la educación, la resocialización y la integración social del adolescente, junto con la protección efectiva de las víctimas.

Entre sus principales características se destacan, la responsabilidad penal desde los 14 años, bajo un sistema especializado y diferenciado del régimen de adultos; los procesos y operadores especializados, con jueces, fiscales, defensores y equipos capacitados en materia penal juvenil; medidas alternativas a la privación de la libertad, como la reparación del daño, prestación de servicios a la comunidad, reglas de conducta y monitoreo electrónico; entre otras.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.