El Ministerio de Trabajo sancionará a la empresa de seguridad privada EXPASA

La empresa que presta servicio de vigilancia en la planta de TERMAP, además de incumplir protocolos sanitarios al contar con trabajadores que arribaron de una zona de circulación comunitaria del virus y se encontraban prestando funciones, incumplió la normativa que establece que sus trabajadores deben ser de Santa Cruz, por esto último se aplicarán las multas correspondientes.

"Tenemos una normativa a nivel provincial que establece que debemos tener mano de obra que sea de la provincia de Santa Cruz, la Ley 3141, más conocida como Ley 70/30 establece este parámetro", sostuvo el Dr. Carlos Aparicio Director General del Ministerio de Trabajo en zona norte, en diálogo con Emir Silva en Radio San Jorge.

Tras el operativo concretado el último viernes, se pudieron constatar las irregularidades y se determinó el cese de actividades para la empresa Expasa, la cual también se incumplió. "El sábado, junto con la Dirección local, nos presentamos en TERMAP para constatar si se había dado cumplimiento al cese de actividades y nos encontramos con que no nos atendieron, no nos dejaron ingresar a constatar esta situación y la empresa seguía prestando servicios", indicó el Dr. Aparicio.

Ante esta situación el área de trabajo local labró las actas correspondientes a fin de generar sanciones, lo que podría darse en los próximos días. En este sentido, aclaró que las multas no las determina el organismo a nivel local, sino que la valoración del tipo de infracción para poder sancionar se hace en Río Gallegos.

"Espero que quien tenga a cargo la gerencia, quien ejerza el control sobre el resto de las empresas que prestan servicios tome cartas en el asunto y sea responsable. Acá lo que tiene que primar, independientemente de que hoy podemos ver hasta como secundario el tema de la Ley 3141, es el tema de salud", afirmó a la vez que añadió que, se debe resguardar a la ciudad ante el nivel de contagios de puntos como Comodoro Rivadavia o Rio Gallegos.

Por último, mencionó que las actuaciones administrativas iniciaron con una denuncia realizada por el Sindicato de Trabajadores de la Vigilancia, y al incumplimiento de la ley 70/30 se sumó una violación al cese de actividades, determinado por la cartera laboral.

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