Nicolás Pereyra y Mónica Flores son vocales por la docencia pública y privada, en el Concejo Provincial de Educación (CPE). Ayer le enviaron una nota a la presidenta Cecilia Velázquez, planteando una problemática en torno a las Juntas de Clasificación.

En diálogo con el programa radial Más de los Mismo, que conduce Emir Silva, Preyra señaló que cada año, para abrir expedientes en las juntas o para sumar títulos, maestrías, posgrados o cursos, los educadores deben certificar toda la documentación remitida en los Juzgados de Paz o ante escribano público.

Describió que en las escribanías, cada folio certificado tiene un costo que va de 700 a 1000 pesos, por lo cual se recurre a los Juzgados. "Es conocido que en la provincia, por la pandemia, el poder judicial trabajó de forma muy reducida. Esto disminuyó las posibilidades de acudir a los Juzgados de Paz", explicó.

Del mismo modo, aseveró que las instituciones de formación superior de otras provincias, también demoraron el envío de documentación, producto de las condiciones epidemiológicas de cada lugar. Todas estas aristas demoraron la acreditación de títulos de los docentes.

En por eso que el referente apuntó: "Cada certificación suma puntaje. Una décima menos puede significar obtener o no un trabajo o un ascenso. Por eso entendemos que está comprometida las posibilidades laborales de muchos compañeros".

Finalmente señaló que muchos nuevos recibidos, y los docentes de la educación técnica que inaugurarán en 2021 su propia junta de clasificación, se llevarían la peor parte. "Un expediente nuevo demanda más documentación certificada, y el gasto es mayor si deben hacerlo ante escribano", culminó.