El presidente Alberto Fernández anunció el envío al Congreso nacional de una ley para blindar la atribución del jefe de Estado y los gobernadores para adoptar las medidas que fueran necesarias para combatir la pandemia de coronavirus, sin que un fallo judicial las suspenda o decida lo contrario.

Según dijo Fernández en el mensaje donde se anunciaron nuevas restricciones para el AMBA hasta el 21 de mayo, el proyecto de ley será presentado en los próximos días y servirá para dar mayor espalda legal y fuerza política a las decisiones que toman los mandatarios, ya sea a nivel nacional o provincial.

“Tengo un único enemigo y lucho junto a ustedes contra la pandemia que provoca un inmenso dolor. No tengo otros enemigos de ningún tipo, ni tengo rencores para con nadie”, aseguró el Presidente en su mensaje oficial.

Fernández detalló que la ley permitirá tomar medidas de aislamientos o restricciones de circulación, entre otras. “En función de criterios científicos claros y precisos se me facultará para como presidente de la Nación y a los gobernadores y gobernadoras a tomar medidas de restricción y cuidado durante esta situación excepcional”, señaló.

La iniciativa del Poder Ejecutivo buscar evitar que la Justicia bloquee o suspende alguna de las medidas que se adoptan contra el Covid-19, particularmente de la educación a distancia. Es que Alberto Fernández firmó otro DNU que extiende hasta el 21 de mayo la suspensión de las clases presenciales en el AMBA y quiere evitar otro amparo judicial que las autorice, como ya ocurrió dos semanas atrás.

En ese caso fue la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, la que derogó el efecto del DNU que habilitó a Horacio Rodríguez Larreta a abrir las escuelas públicas y privadas desde el lunes 12 de abril pasado.

Fernández enviará la ley en momentos en que la Corte Suprema ya está en condiciones de pronunciarse en la causa “Autonomía” que condensa la controversia política desatada entre Nación y Ciudad por las clases presenciales en ese distrito.

El martes, el máximo tribunal recibió el descargo de la Nación y pidió a la Procuración General de la Nación que opine sobre el reclamo de la Ciudad para declarar la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que suspendió las clases presenciales del 12 al 30 de abril.

El descargo fue realizado por medio de un extenso escrito presentado a última hora de este lunes por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), encabezada por Carlos Zannini y que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.

Pero a través de un dictamen no vinculante, el procurador interino Eduardo Casal consideró que el DNU es inconstitucional y determinó en su resolución que la norma no está bien fundamentada y que no se demostró epidemiológicamente que la presencialidad en las escuelas impacte en la suba de casos.

El eje central de la discusión es si la Ciudad de Buenos Aires, con los atributos que le otorga su estatus jurídico como ciudad autónoma federada y la delegación en materia educativa, prevalece jurídicamente sobre los argumentos sanitarios de la autoridad federal, y la razonabilidad del DNU firmado por el presidente Alberto Fernández.

Más allá del fallo de la Corte, la ley que impulsa del Ejecutivo profundizará esta cuestión para evitar que la Justicia administre los recursos y defina las medidas sanitarias para combatir a la pandemia.

Fuente: ambito.com