La fiscalía de Estado del gobierno de Santa Cruz analiza un pedido de funcionarias que responden a la gobernadora Alicia Kirchner para apartar del Tribunal de Cuentas a la única vocal que representa a la minoría política. Las impulsoras del desplazamiento cuestionaron que la vocal tiene una participación política activa en la oposición y fundamentaron su pedido con capturas de la cuenta de sus redes sociales.

La vocal por la minoría política es la abogada Yanina Gribaudo, quien milita en el radicalismo provincial, lo cual llevó a que su partido la proponga para el cargo, el cual ocupa desde febrero de 2020. Desde que llegó Tribunal de Cuentas realizó más de 200 pedidos de informes a los organismos públicos que le toca controlar sobre compras, contrataciones, obras y otros gastos del Estado. Una decena de ellos los convirtió en denuncias judiciales.

"Esto es una persecución política, persiguen a quienes investigan y controlan, ya pasó con el procurador de justicia, Eduardo Sosa. No tengo dudas que el kirchnerismo con mi apartamiento actúa en su búsqueda de impunidad”, aseguró Gribaudo en diálogo con LA NACION, y agregó: Estoy convencida que esto es parte de una maniobra para tapar el pasado, lograr que no se investigue, ni se avance en diferentes causas".

Todo empezó el 14 de febrero último, cuando las vocales designadas por el Poder Ejecutivo en el Tribunal de Cuentas, Romina Gaitán y Matilde Morales, solicitaron mediante nota al presidente del Tribunal, Carlos Ramos, que aparte de su cargo a Gribaudo por su participación política activa. Argumentaron que se trata de “una incompatibilidad manifiesta en cuanto al accionar de los vocales integrantes del Tribunal de Cuentas” por lo cual requieren que la oposición nombre en su lugar a otro vocal.

La nota fue acompañada con capturas de la red social Facebook de la cuenta personal de Gribaudo donde ella acompaña al senador Eduardo Costa y al precandidato presidencial por el radicalismo, Gerardo Morales. La vocal Gribaudo sostuvo: No hay incompatibilidad en el ejercicio del cargo de la minoría y así lo respaldan distintos informes en la justicia federal, donde se avala que un vocal del Tribunal de Cuentas puede participar políticamente incluso en cargos electivos.

“Es palpable y preocupante el desconocimiento normativo en la presentación realizada por las vocales”, sostuvo en su respuesta interna Gribaudo y agregó que la misma debería haber sido rechazada por la presidencia del organismo “por resultar fuera de su competencia como órgano de contralor y carecer de fundamentos de manera palmaria, cierta y patente”. Ante la respuesta, el presidente del cuerpo, Ramos, elevó el caso a la fiscalía de Estado, a cargo de Fernando Tanarro y en cuyo cuerpo de abogados se encuentra Romina Mercado, la hija de la gobernadora.

Falta de control y el caso Vialidad

Gribaudo sostiene que Santa Cruz es una de las pocas provincias donde el Tribunal de Cuentas –el organismo oficial que debe controlar las cuentas públicas- está presidido y tiene mayoría del propio oficialismo que debe controlar, “es decir que el oficialismo se controla a sí mismo”, sintetizó la vocal.

“El debate que quieren instalar es si yo puedo o no participar en política, pero lo que en realidad quieren es esconder el pasado, por poner un ejemplo, el expediente del ejercicio 2012 de Vialidad Provincial nunca fue aprobado por este Tribunal, ese año Nación le pasa el control a Vialidad Provincial sobre los recursos de la obra pública a Santa Cruz, de hecho miembros del mismo Tribunal de Cuentas están imputados en la causa”, afirmó Gribaudo.

Se refiere a Carlos Ramos, actual presidente del cuerpo que se encuentra imputado en el segundo tramo de la conocida “Causa Vialidad”, a los exvocales del mismo Tribunal, al igual que exgobernadores de la provincia de Santa Cruz y ex ministros de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz. La justicia intenta esclarecer su responsabilidad en los hechos.

Según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes provinciales, hasta 2012, antes de realizarse pagos en Vialidad Provincial, existía un paso conocido como intervención previa, a través del cual, antes de las bonificaciones los expedientes debían ser controlados por el Tribunal. Ese año se suspendieron las auditorías y la intervención previa de los pagos.

“El Tribunal de Cuentas cuando debía controlar el manejo que hizo Vialidad Provincial de los fondos nacionales, lo que hizo fue darse vuelta y mirar para otro lado”, aseguró Gribaudo, quien afirmó que el ejercicio de 2012 nunca fue tratado y las veces que intentó acceder a él se lo impidieron.

Romina Gaitán, una de las vocales que firma el pedido de apartamiento, es la actual esposa de un miembro del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta. Antes que sea efectivo su nombramiento, desde la oposición política provincial cuestionaron ante la justicia su designación porque Basanta era ministro de Gobierno. Es decir, estaba la posibilidad que integre un organismo que debía controlar, entre otros, al ministerio de su esposo. Gaitán fue nombrada en 2017 pese a los cuestionamientos, en tanto que el año pasado, Basanta fue nombrado por Alicia Kirchner como juez en el Tribunal Superior de Justicia.

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