El traspaso de áreas de YPF en el norte santacruceño afronta no sólo el plan de retiros voluntarios para unos 2.500 trabajadores, sino también la resolución del problema vinculado al pasivo ambiental. A diferencia de la operatoria en Chubut, donde la empresa adquirente se hizo cargo de presentar un plan de remediación, en el norte santacruceño los impactos serán cuantificados y motivarán el pago de un resarcimiento a la provincia.

Así lo pudo establecer ADNSUR a partir del contacto con fuentes que conocen de cerca la negociación que se lleva adelante entre la operadora, el gobierno provincial y las compañías que se quedarán con las concesiones, en un traspaso que incluirá a CGC en la primera etapa, que a su vez distribuirá los activos a otras empresas.

“El pasivo ambiental de Santa Cruz es más grande que el de Chubut -reconoció uno de los ejecutivos que participa de las reuniones-, por eso el acuerdo en este caso ha sido diferente y no formó parte del traspaso a otras compañías. Por el mismo motivo, tampoco las empresas están pagando un monto determinado a YPF por las áreas”.

Desde esa perspectiva, el proceso en Santa Cruz muestra diferencias con el Plan Andes aplicado en otras provincias, donde las cesiones implicaron una operatoria comercial de venta entre privados.

En el norte santacruceño la modalidad se asemeja más a la de una reversión de las áreas, aunque sin los tiempos que hubiera demandado ese procedimiento. La cesión de YPF a CGC cuenta con la anuencia del gobierno provincial, lo mismo que la subconcesión que hará esta empresa hacia las demás compañías.

Tal como informó esta agencia, se prevé que CGC se quedará sólo con las áreas Cañadón Seco, Cañadón León y Meseta Espinosa. Una sociedad conformada por Clear y Neuss asumirá la operación de Cañadón La Escondida y Las Heras-Los Perales; por otra parte, Ingeniería ALPA se quedaría con el bloque ‘El Destino’, Koluel Kaike, Pico Truncado y El Cordón. Crown Point se quedaría con El Guadal 1, Loma del Cuy y Cerro Bayo; mientras que Roch se haría cargo de la operación de El Guadal 2, Cañadón Yatel y Cerro Guadal.

NEGOCIACIONES CRUZADAS

Desde la operadora de bandera se aspira a que el 1 de marzo sea la fecha límite, en la que YPF habrá salido definitivamente del norte de Santa Cruz (sólo mantendrá su actividad exploratoria en Palermo Aike, en la cuenca Austral).

Con ese objetivo, puso a disposición un plan de retiros voluntarios, por el que ofreció pagar indemnizaciones del 120%. El propósito es reducir el costo operativo, a partir de una reducción del 56% de la cantidad de operarios, por lo que la salida involucra a unos 2.500 trabajadores. Esto involucra tanto a petroleros de base como jerárquicos, camioneros y Uocra.

En ese marco, la compañía también busca acordar con el gobierno provincial un valor que refleje el costo de la reparación de los impactos ambientales. El valor no está aún definido y según trascendió, dependerá también de la cantidad total de operarios que acaten los retiros voluntarios. Según explicó un observador que sigue de cerca el tema, la operadora tiene un fondo asignado para el proceso de salida y lo que se pague en un concepto, se descuenta del otro.

Tal vez por eso en las últimas horas surgieron también algunas dudas desde empresas involucradas en el traspaso, que están accediendo a las áreas sin pagar por su ingreso, pero que aspiran, además, a que el costo operativo esté absolutamente saneado.

Según informó ‘El Caletense’, desde una de esas firmas se indicó que no hay claridad en torno a cuánto pagará YPF sobre el 120% comprometido en las indemnizaciones, dejando entrever el temor de que las empresas que se queden con la concesión, deban hacerse cargo de completar el pago de los retiros voluntarios.

Fuente: www.adnsur.com.ar