El Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA–CONICET) informó que, en noviembre de 2025, un hogar promedio del AMBA sin subsidios debió destinar $173.480 para cubrir sus consumos esenciales de energía eléctrica, gas, agua potable y transporte.

De este modo, el gasto registró un aumento del 1,8% mensual, impulsado tanto por ajustes tarifarios como por factores estacionales, y se ubica 30% por encima del nivel de noviembre de 2024. En consecuencia, el peso de los servicios públicos continúa creciendo dentro del presupuesto de los hogares.

En primer lugar, el informe señala que el incremento mensual responde a la actualización de tarifas en prácticamente todos los servicios. Por un lado, el gas subió 3,5% en el cargo fijo y 4% en el variable, aunque la llegada del calor redujo el consumo. Por el otro, la energía eléctrica también exhibió aumentos: el cargo fijo se incrementó 3,6% y el variable 3,8%, en un mes que marca el inicio de la curva ascendente de demanda hacia el verano.

En síntesis, la suba del 1,8% mensual se explica principalmente por la combinación de mayores tarifas en transporte y energía eléctrica, junto con el comienzo del período de mayor demanda energética.

Si se observa la evolución desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del AMBA acumula un incremento del 525%, muy por encima del 178% de la inflación general. Asimismo, en lo que va de 2025 suma una suba del 23%, frente a una inflación acumulada estimada del 28%.

En términos interanuales, la canasta aumentó 30%, apenas por debajo del IPC estimado (31%). No obstante, la composición de ese aumento es dispar: el transporte lidera con una suba del 44% interanual, el gas aumentó 28%, la energía eléctrica, 18%, y el agua, 15%.

Así, el transporte explica 19 de los 26 puntos del incremento total, mientras que electricidad, agua y gas aportan el resto.

Otro punto relevante del informe es que los hogares del AMBA pagan, en promedio, tarifas que cubren solo el 52% de los costos reales de provisión. Esto implica que el Estado financia el 48% restante mediante subsidios. Sin embargo, la cobertura varía considerablemente entre servicios y entre distintos segmentos de ingresos.

La canasta de servicios públicos de noviembre representa el 10,7% del salario registrado promedio ($1.623.114). Es decir, un salario permite adquirir 9,4 canastas, una mejora leve respecto de noviembre de 2024, cuando alcanzaba para 8,8. Además, el transporte vuelve a destacarse por su peso: representa el 47% del gasto total, al menos el doble que cualquiera de los otros servicios.

En paralelo, los subsidios económicos destinados a energía, agua y transporte muestran una caída pronunciada. Al 18 de noviembre, presentan una reducción nominal del 22% anual, que, medida en términos reales, se traduce en una caída del 46% anual.

Dentro de este recorte, los subsidios energéticos concentran el 71% del total y caen 20% nominal y 44% real.

Las transferencias a CAMMESA se redujeron 7% nominal (35% real).
Las de ENARSA bajaron 58% nominal (71% real), debido a la suspensión de importaciones de gas de Bolivia y a un menor requerimiento de GNL.
Los pagos del Plan Gas.Ar, vinculados a incentivos a la producción, disminuyeron 19% nominal (40% real), en línea con el aumento de la oferta local y la expansión del gasoducto Perito Moreno.
En consecuencia, la política de reducción de subsidios avanza con mayor intensidad en energía que en transporte, donde los ajustes tarifarios se aplican con menor frecuencia y mayor rezago.

Fuente: www.mejorenergia.com.ar