En el marco del programa Verano Caletense, el ex comisario Ramón Quipildor, uno de los referentes del reclamo policial autoconvocado en Santa Cruz, volvió a encender las alarmas por la crítica situación salarial que atraviesa la fuerza. Según expuso, hoy un agente policial cobra alrededor de $1.100.000, un ingreso que no alcanza para cubrir alquiler, alimentación ni las necesidades básicas de una familia en la Patagonia.

Quipildor explicó que el reclamo se organiza por fuera de la Asociación Civil Policial debido a la falta de respuestas concretas y acusó a sus autoridades de reaccionar recién cuando la protesta comenzó a tomar visibilidad. “El policía siente que le toman el pelo”, afirmó, y sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo ronda el 67% entre 2024 y 2026, de acuerdo a análisis realizados junto a profesionales contables.

Entre los puntos más sensibles, el ex comisario detalló que muchos efectivos deben recurrir a trabajos paralelos como Uber, changas o venta de productos para poder subsistir. Incluso relató casos de policías que salen a pescar para garantizar comida en sus hogares. “Arriesgamos la vida todos los días y cobramos menos que un alquiler”, sintetizó.

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El reclamo central plantea un salario mínimo de $3.800.000 para los agentes, cifra que Quipildor defendió comparándola con otros ingresos del Estado y con el costo real de vida en la región. Además, cuestionó la falta de transparencia en el pago de los adicionales y la competencia de empresas de seguridad privada vinculadas al propio poder político.

Consultado sobre la posibilidad de medidas de fuerza, el referente no descartó escenarios extremos y recordó los acuartelamientos de 2012. “Nadie quiere llegar a eso, pero cuando no hay respuestas y seguimos siendo basureados, todo puede pasar”, advirtió, señalando también lo que ocurre actualmente en Santa Fe como un espejo de la conflictividad creciente.

El reclamo policial suma tensión a un escenario provincial marcado por el ajuste, la pérdida salarial en el sector público y el deterioro del diálogo entre el Gobierno y los trabajadores de áreas clave del Estado.