Según la resolución, la recusación fue presentada fuera de tiempo y no cumplía con los requisitos previstos por la normativa vigente. Este doble argumento permitió a la Corte desestimarla sin avanzar en un análisis más profundo, ratificando un criterio histórico en materia procesal.

Más allá del aspecto técnico, el fallo tiene una lectura política. El máximo tribunal dejó en claro que no habilitará mecanismos que alteren su integración por fuera de las reglas establecidas, en un contexto donde los litigios entre actores institucionales tienden a escalar y trasladarse al plano judicial.

El caso, que enfrenta al gremio judicial con el Poder Legislativo provincial en una acción de inconstitucionalidad, refleja tensiones más amplias sobre el funcionamiento del sistema judicial y los alcances de las decisiones políticas en la provincia. En ese marco, la estrategia del gremio apostó a un planteo que finalmente no logró avanzar.

Con la recusación descartada, la Corte decidió avanzar y solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz la remisión urgente de las actuaciones principales y de los expedientes vinculados. Este paso indica que el tribunal se prepara para abordar el fondo de la cuestión en los próximos meses.

El resultado reordena el escenario. Por un lado, reafirma la centralidad de la Corte como última instancia en este tipo de conflictos. Por otro, deja a la conducción gremial ante el desafío de sostener su posición en el debate de fondo, ya sin herramientas procesales que dilaten o modifiquen el curso del expediente.

En un contexto donde la relación entre política y justicia sigue siendo eje de discusión, el fallo aporta una señal clara sobre los límites y las reglas del juego institucional.

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