El anuncio se realizó durante el Mendoza Energy Summit, organizado por Shale24, Santander y el Gobierno provincial. En paralelo, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, presentó formalmente la iniciativa en la Cámara de Diputados junto al presidente del cuerpo, Andrés Lombardi; el director de Hidrocarburos, Lucas Erio; y el director de Legales, Bruno De Pasquale.

El proyecto reemplaza la Ley 7526 y plantea una actualización de las reglas provinciales frente a los cambios productivos, tecnológicos y normativos registrados durante las últimas dos décadas. Entre sus principales modificaciones incorpora un esquema flexible de regalías, incentivos para áreas maduras, un régimen específico para la explotación no convencional, mayores exigencias ambientales y mecanismos de fiscalización.

"El objetivo es actualizar la norma a las necesidades actuales de una industria que está pasando por una gran reconversión y en la que Mendoza debe proyectarse para los próximos 50 años", sostuvo Latorre.

La funcionaria agregó que la Provincia busca acompañar al sector con "reglas claras, políticas de largo plazo y ahora con una normativa actualizada a la nueva realidad de la industria", con el objetivo de sostener la actividad, atraer inversiones y transformar el potencial hidrocarburífero en mayor producción y fuentes de trabajo para Mendoza.

Regalías variables según cada área

Uno de los cambios centrales estará en el sistema de regalías. Mientras la legislación vigente establece una alícuota general del 12%, con posibilidad de reducirla hasta el 5% en determinados proyectos, la nueva propuesta fija una regalía de referencia del 15% para las futuras licitaciones.

A partir de ese porcentaje, las empresas podrán realizar ofertas superiores o inferiores, de acuerdo con las características económicas y productivas de cada área. De esta manera, la Provincia podrá exigir una mayor participación en proyectos con mejores condiciones o aceptar una regalía menor cuando resulte necesario para hacer viable una inversión.

La adjudicación, además, no estará determinada únicamente por el porcentaje de regalías ofrecido. El proyecto establece que también se considerarán el valor total de la propuesta, la producción prevista y las inversiones comprometidas, otorgándole un peso preponderante al monto de inversión.

Incentivos para campos maduros

La iniciativa también incorpora herramientas destinadas a recuperar producción en yacimientos donde las operaciones presentan mayores dificultades.

El Poder Ejecutivo podrá reducir las regalías para proyectos destinados a reactivar pozos inactivos, realizar exploración complementaria, producir crudos pesados o aplicar técnicas de recuperación mejorada. En determinadas circunstancias y con respaldo técnico, la regalía podrá ubicarse incluso por debajo del 5%.

El proyecto también contempla mecanismos para compensar parcialmente el canon de explotación cuando las empresas realicen nuevas inversiones de riesgo exploratorio. Para acceder a este beneficio deberán invertir, como mínimo, el doble del monto que pretendan compensar.

En los permisos de exploración, además, el canon correspondiente a una prórroga podrá reducirse hasta un 80%.

Un régimen específico para el no convencional

Otro de los puntos relevantes es la incorporación de las concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos, una figura que no estaba contemplada en la normativa provincial de 2006.

La propuesta permitirá reconvertir concesiones hacia este régimen, de acuerdo con la legislación nacional, y establecerá un marco específico para proyectos no convencionales.

La medida apunta especialmente a la zona de Malargüe y a la porción mendocina de Vaca Muerta, donde el desarrollo requiere inversiones de mayor escala y plazos más extensos que los correspondientes a los yacimientos convencionales maduros.

En este contexto, la nueva normativa busca establecer condiciones para que la provincia pueda avanzar sobre ese potencial y generar nuevos proyectos de inversión.

Más exigencias ambientales

El proyecto también amplía las obligaciones ambientales de las empresas a lo largo de todo el ciclo de vida de los yacimientos, desde la exploración y explotación hasta el cierre y abandono definitivo.

Las operadoras deberán prevenir y mitigar impactos, realizar monitoreos y, cuando corresponda, recomponer o restaurar el ambiente. También deberán contemplar el cierre de pozos, instalaciones y ductos y el saneamiento de los pasivos ambientales.

La iniciativa establece que el abandono de un área por parte de una empresa no extinguirá las obligaciones ambientales generadas durante el período de operación.

Además, las compañías deberán presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, que tendrá carácter público e incluirá información vinculada con ambiente, comunidad, capacitación laboral, proveedores locales, transparencia, integridad, higiene y seguridad.

Proveedores y trabajadores locales

Entre los lineamientos de la nueva normativa también aparece la prioridad para proveedores y trabajadores mendocinos, en un intento por vincular el crecimiento de la actividad hidrocarburífera con la generación de empleo y el desarrollo de empresas locales.

La iniciativa busca así establecer nuevas condiciones para la actividad convencional y, al mismo tiempo, preparar a Mendoza para una etapa de mayor desarrollo de los recursos no convencionales.

Convivencia entre minería e hidrocarburos

El proyecto incorpora además reglas para los casos en que derechos mineros y proyectos hidrocarburíferos se superpongan sobre un mismo territorio.

Como principio general, ambas actividades deberán procurar su coexistencia y compatibilización técnica, operativa, ambiental y temporal. La superposición de proyectos no implicará por sí misma la extinción o rechazo de ninguno de los derechos involucrados.

Cuando la convivencia resulte imposible o genere riesgos incompatibles con la seguridad, el ambiente o el aprovechamiento de los recursos, la resolución quedará en manos del Poder Ejecutivo, con intervención de las autoridades mineras e hidrocarburíferas y previa audiencia de los interesados.

Nuevas multas y una tasa para fortalecer los controles

La reforma también modifica el sistema de sanciones. Las multas dejarán de estar expresadas en montos fijos en pesos y pasarán a calcularse tomando como referencia el precio de la nafta súper.

Las infracciones serán clasificadas como leves, graves, muy graves y gravísimas, y su sanción tendrá en cuenta factores como la gravedad y duración del incumplimiento, el daño o riesgo generado, el beneficio económico obtenido y la reincidencia.

Además, se crea una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera destinada a financiar tareas de inspección, fiscalización, equipamiento y fortalecimiento técnico. El cargo no podrá superar el 0,8% del monto de regalías o cánones correspondientes a cada actividad.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Hidrocarburos, que tendrá a su cargo el control de la producción y del cumplimiento de las obligaciones de las operadoras, desde la perforación de los pozos hasta su abandono definitivo.

Con el ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados, Mendoza inició el tratamiento legislativo de una nueva normativa que busca reemplazar el esquema vigente desde 2006 y adaptar la actividad hidrocarburífera provincial a la expansión de los desarrollos no convencionales y a los desafíos que atraviesan los campos maduros.

Fuente: Shale24.