El exfuncionario del Gobierno del Frente de Todos Federico Basualdo advirtió que por las políticas de desregulación que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei en el sector energético, la baja de los costos de abastecimientos fue en 2024 menor a lo proyectado y alertó que la profundización de ese proceso podría llevar a incrementarlos.

El ex subsecretario de Energía Eléctrica entre 2019 y 2022 participó de la apertura del 1er Foro Provincial de Energía, organizado en la Ciudad de La Rioja, con la presencia también del gobernador Ricardo Quintela.

Basualdo explicó que “tanto la flexibilización de la prioridad del gas para CAMMESA como el fuerte aumento de las tarifas para los transportistas de gas y energía eléctrica y la mala programación del sistema, hicieron que el costo de abastecimiento no baje lo proyectado en 2024” y advirtió que a futuro el proceso de desregulación “puede llevar a un escenario de posible incremento, de acuerdo a cómo se implemente la descentralización de la compra de combustibles”.

El especialista recordó que el costo de abastecimiento “tenía que tender a la baja” con el aumento de la producción de gas natural, el ex gasoducto Néstor Kirchner y la prioridad para las usinas, pero no así en 2024 porque “las políticas del Gobierno limitaron esa reducción”.

De la misma manera, el especialista señaló que la gestión actual tiene “una voluntad clara y concreta de abandonar los planes de incentivo a la producción de gas que permitieron recuperar el autoabastecimiento y bajar los costos de la energía”.

En relación al sector de energía eléctrica, Basualdo señaló que la administración libertaria busca que CAMMESA se retire de la contractualización de la energía y de la compra de combustibles, al tiempo que quiere que precio deje de ser determinado en razón de costos medios para pasar a un esquema de costos marginales.

El actual director del posgrado de Energía y Desarrollo Económico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA también se mostró crítico del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): “Los principales proyectos de infraestructura ya estaban planificados y algunos incluso en desarrollo pero al adherir al RIGI se produce una escisión entre el desarrollo del sector energético y la economía nacional”.

Por último, Basualdo criticó el que se “reemplazó un plan de obra pública que tenía como eje la expansión del sistema por uno de concesión privada que prioriza la oportunidad económica por el desarrollo de las obras, lo que va a descargar en la demanda los costos y reduce el margen de expansión de infraestructura que no sea rentable”.

Por su parte, el gobernador Quintela aseguró que “en ese debate nacional sobre cómo garantizar una vida digna para las argentinas y los argentinos, uno de los elementos fundamentales es la energía” y recordó que si bien ni el agua y la energía figuran como servicios obligatorios en la Constitución “tenemos el firme convencimiento de que deben estar al mismo nivel que la salud, la seguridad, la educación y la justicia, con acceso garantizado para todos los hogares”.

Asimismo, el mandatario señaló que antes “el Estado, a través de los subsidios, garantizaba ese acceso a todos los sectores, pero en este gobierno nacional se generó un beneficio desmedido a los grandes capitales, en detrimento de la mayoría del país”.

“Si tuviera que cortar la energía a quienes no pueden pagarla, dejaría sin luz a muchas familias que hoy no pueden afrontar el costo actual”, disparó Quintela y destacó que “la generación de energía, las obras y la distribución fueron desarrolladas por el Estado“, pero “las ganancias se las llevan tres o cuatro pícaros”.