El Tribunal Superior de Justicia se transformó en un privilegio a costa del pueblo de Santa Cruz

El presidente de Vialidad Provincial, Julio Bujer, cuestionó con dureza los aumentos salariales autoasignados por el Superior Tribunal de Justicia, a los que calificó como una señal institucional negativa, una vergüenza nacional y una falta de respeto al esfuerzo cotidiano de la sociedad santacruceña.

Bujer explicó que, para dimensionar el impacto real de esta decisión, el dinero que demandan dichos aumentos equivale a dos años completos de trabajos de pintado, demarcación horizontal y colocación de cartelería vial en todas las rutas de la provincia. Se trata de tareas directamente vinculadas a la seguridad vial, la prevención de siniestros y la protección de la vida de quienes transitan Santa Cruz.

En ese sentido, remarcó el contraste entre quienes se asignan salarios de privilegio desde un despacho y los trabajadores de Vialidad Provincial que enfrentan vientos de más de 100 kilómetros por hora, temperaturas bajo cero y extensas jornadas laborales para garantizar la transitabilidad de las rutas. Gracias a ese esfuerzo, los alimentos, los medicamentos y el combustible llegan a cada localidad incluso en las condiciones climáticas más extremas.

El titular de Vialidad Provincial señaló además que cada peso destinado a sostener salarios desproporcionados es un peso menos para el asfalto, la sal, las cubiertas, el mantenimiento de maquinaria y la inversión necesaria para contar con rutas más seguras. Subrayó que no se trata de una discusión teórica, sino de decisiones concretas que impactan de manera directa en la vida diaria de los santacruceños.

Bujer destacó que en Vialidad Provincial no existen ferias ni privilegios cuando hay una emergencia climática. El trabajo continúa bajo el viento, la nieve y el sol de la estepa, porque existe un compromiso claro con la comunidad y con la provincia. En ese marco, reclamó coherencia, responsabilidad y ética pública por parte de todos los poderes del Estado.

Finalmente, afirmó que si la provincia atraviesa una situación económica y social compleja, el esfuerzo debe ser compartido y el ajuste debe comenzar por quienes perciben los salarios más altos, y no por los trabajadores que ponen el cuerpo todos los días para sostener Santa Cruz desde las rutas. La justicia, concluyó, no puede convertirse en un privilegio de pocos mientras el resto de la sociedad realiza sacrificios.

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