En una jornada clave del juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan, el Ministerio Público Fiscal presentó su alegato final y solicitó penas de prisión para los principales integrantes de la cúpula naval, a quienes responsabiliza por incumplimiento de deberes de funcionario público y por la cadena de decisiones que derivó en la tragedia de los 44 tripulantes.

El planteo fiscal se centró en una serie de fallos operativos, alertas ignoradas y omisiones en los protocolos de seguridad, que según la acusación, configuraron un escenario de negligencia estructural dentro de la Armada Argentina durante la última misión del submarino, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 en el Mar Argentino.

Los pedidos de condena

En su exposición, el Ministerio Público Fiscal individualizó las responsabilidades de los altos mandos procesados y solicitó distintas penas de cumplimiento efectivo:

Luis Enrique López Mazzeo, ex titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA): 5 años de prisión, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Claudio Villamide, exjefe de la Fuerza de Submarinos: 5 años de prisión, señalado por autorizar la navegación pese a reportes de fallas previas.
Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos: 4 años de prisión.
Hugo Miguel Correa, exjefe de Operaciones de la fuerza: 3 años de prisión.

Para la fiscalía, la tragedia fue el resultado de una cadena de decisiones imprudentes dentro de la estructura de mando, y no de un hecho fortuito o imprevisible.

Próxima etapa: las querellas

Con la presentación del alegato fiscal, el tribunal dio por finalizada una de las instancias centrales del debate oral. Sin embargo, el proceso judicial continuará la próxima semana con la exposición de las querellas, que representan a los familiares de los 44 tripulantes.

Según el cronograma judicial, los abogados de las familias alegarán el próximo martes y se espera que profundicen las acusaciones, con pedidos de condena aún más severos y una calificación legal más rigurosa respecto de la responsabilidad de los imputados.

Un proceso atravesado por la responsabilidad de mando

Durante el juicio se expusieron detalles sobre el estado de mantenimiento del submarino, filtraciones de agua y fallas en el sistema de baterías que habían sido reportadas previamente por la propia tripulación antes de perder contacto con la nave.

En su argumentación, la fiscalía sostuvo que la tragedia no puede atribuirse a un hecho accidental o climático, sino a un esquema de conducción que habría priorizado objetivos operativos por encima de las condiciones de seguridad de la embarcación y de la vida de sus tripulantes.

A casi una década del hundimiento, el juicio avanza hacia su etapa final con la expectativa de las familias de los 44 marinos, que continúan reclamando justicia por uno de los hechos más dolorosos de la historia reciente del país.

Fuente: Tiempo Sur.