"LA ASFIXIA FINANCIERA ERA UN MECANISMO DE EXTORSIÓN POLÍTICA"

En su publicación, Lozano recordó que los municipios gobernados por fuerzas opositoras enfrentaban, según su visión, un tratamiento desigual en la distribución y administración de los recursos provinciales.

Como ejemplo, mencionó el caso de Río Gallegos entre 1991 y 2003, cuando la ciudad era gobernada por el radical Freddy Martínez. Allí, aseguró que la aplicación del artículo 22 de la Ley N.º 1782 se utilizaba de manera selectiva.

Según explicó, mientras a los municipios alineados con el gobierno provincial se les permitía acumular deudas previsionales y continuar funcionando con asistencia financiera, las administraciones opositoras sufrían retenciones totales o parciales de la coparticipación bajo el argumento del incumplimiento de los aportes a la Caja de Previsión Social, generando serias dificultades para afrontar el pago de salarios y sostener los servicios municipales.

Lozano también cuestionó el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de los adelantos extraordinarios de coparticipación. Afirmó que esos recursos llegaban con mayor facilidad a los municipios oficialistas cuando atravesaban problemas económicos, mientras que las comunas opositoras no recibían el mismo respaldo y debían administrar sus cuentas en un contexto de permanente restricción financiera.

Otro de los puntos que recordó fue que en 1991 la Provincia realizó un aporte extraordinario para cancelar las deudas previsionales que mantenían los municipios. Sin embargo, sostuvo que posteriormente prácticamente ninguna intendencia volvió a depositar regularmente los aportes corrientes a la Caja de Previsión Social.

En ese sentido, afirmó que el problema era estructural y respondía a una Ley de Coparticipación que nunca fue actualizada conforme a las nuevas responsabilidades asumidas por los municipios, lo que llevó a muchas comunas a utilizar esos recursos para sostener servicios esenciales.

Para el exlegislador, la diferencia radicaba en que esa situación era tolerada cuando se trataba de municipios oficialistas, mientras que en los gobiernos opositores se convertía en una herramienta para ejercer presión política mediante la retención de fondos.

Finalmente, Lozano sostuvo que el debate actual sobre los aportes previsionales no puede analizarse sin recordar esos antecedentes históricos y consideró que resulta necesario revisar cómo se administraban los recursos públicos en aquellos años para comprender el contexto de una discusión que, a su entender, vuelve a repetirse.