En medio de la incertidumbre laboral que atraviesa el sector hidrocarburífero de la Zona Norte de Santa Cruz, el Gobierno provincial endureció su postura frente a las contratistas petroleras. El coordinador de Trabajo de la región, Sebastián Santillán, encabezó una serie de reuniones de alto nivel en la Casa de Santa Cruz, en Buenos Aires, con el objetivo de exigir a las empresas el cumplimiento de la ley del "90/10", frenar el achique de personal y garantizar la prioridad de los trabajadores locales.

El funcionario se sentó cara a cara con la gerencia de dos jugadores de peso en los yacimientos del Golfo San Jorge: San Antonio Internacional (SAI) y Secco. Las reuniones marcan un cambio de ritmo en el control estatal sobre la actividad privada en la cuenca.

San Antonio Internacional y el regreso de los equipos

El primer encuentro se desarrolló con Hugo Jorge Pardo, gerente operativo de Recursos Humanos de San Antonio Internacional. La agenda estuvo marcada por la reactivación operativa y el destino de los obreros que habían quedado en la calle.

“Ya hay trabajadores que habían sido despedidos y están volviendo a trabajar. Ese es el camino que queremos sostener: nuevos pozos, más equipos y más contratación de santacruceños. Para eso, las petroleras tienen que cumplir los acuerdos firmados”, advirtió Santillán. En este contexto, el coordinador adelantó una noticia clave para la región: está prevista la incorporación de un nuevo equipo perforador en los yacimientos del flanco norte durante el mes de enero, y exigió que las vacantes sean ocupadas por quienes "esperan una oportunidad para volver a la actividad".

El ultimátum a Secco y la inscripción en el SIREL

La segunda cumbre fue con Darío A. Balaguero, subgerente de Relaciones Laborales de Industrias Juan F. Secco S.A. Aquí el eje fue tajante: frenar los despidos y respetar el 90/10, la ley que blinda el empleo santacruceño frente a la contratación foránea. La cartera laboral exigió "estabilidad laboral y cumplimiento de la contratación de mano de obra local".

Además de las garantías de estabilidad, Santillán detectó una irregularidad administrativa grave que involucra a ambas empresas. Ninguna de las dos contratistas se encontraba inscripta en el SIREL (Sistema de Registro de Empleo Local). La regularización de este trámite quedó asentada como un ultimátum a corto plazo por parte del área de Trabajo, que monitoreará de cerca las futuras incorporaciones en los yacimientos.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz.