Esto no es una cuestión de eficiencia, ni de innovación, ni de precios. Es el reemplazo deliberado de un
entramado productivo regional por una sola empresa de servicios constituida recientemente en CABA, sin arraigo
territorial, sin historia en la cuenca y con nula experiencia operativa previa, posicionándola monopólicamente como
única prestadora de servicios petroleros, en desmedro de un ecosistema construido durante años con esfuerzo,
inversión y compromiso con la comunidad.

Vemos con preocupación que no se respeta ni siquiera el principio de libre competencia: nuestras empresas
ni siquiera son invitadas a cotizar. Simplemente, son excluidas.

A la par de esta realidad, se firmó en las últimas horas un acuerdo de “competitividad” entre gobierno, gremios y
operadoras, prescindiéndose de la representación de más de 40 pymes regionales que hoy están viendo cómo se
cierran puertas, se paralizan talleres, comercios, se detienen obras y se pierden empleos.
La comunidad debe saber que nuestras empresas locales no son las culpables del alto costo de producción de la
cuenca. Durante años fuimos el eslabón más exigido del sistema: ejerciendo nuestros servicios conforme lo pactado
entre operadoras y gremios.

Estamos convencidos de la lógica y necesaria adecuación de costos que requieren los yacimientos maduros en los
que trabajamos, la industria a cambiado y podemos afrontar la nueva realidad. No hay explicación posible de
porque debe hacerlo una única empresa nueva que viene a reemplazar a las más de 40 proveedoras locales que
saben cómo hacerlo.

Los artículos 12 y 83 de la Ley Provincial de Hidrocarburos establecen que los operadores deben priorizar la
contratación de empresas radicadas en Chubut, y presentar un Plan de Acción Socioeconómico que deberá
contener políticas de desarrollo de proveedores locales e incluir matriz de proveedores chubutenses y participación
estimada de los mismos en los gastos y en las ventas totales del proyecto.

Somos entonces un actor importante para la “competitividad” que se pretende lograr, pero no hemos sido parte,
pese a que así lo dispone el art. 6.2 del “Acuerdo para la Implementación de un Compromiso de Actividad e
Inversiones en Áreas Hidrocarburíferas de la Provincia del Chubut” que PECOM se encuentra legal y
contractualmente obligado a respetar: “La PROVINCIA, a través de la Autoridad de Aplicación, analizará
anualmente, conjuntamente con YPF y con la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo
San Jorge, la evolución de los niveles de contratación local y regional, las dificultades u obstáculos que se
encuentren y los cambios o acciones a desarrollar para facilitarlo”.

El decreto que autorizó la cesión a PECOM ratifica esa obligación, de modo que no se trata solo de una decisión
empresarial; sino que se patentiza el incumplimiento de un compromiso legal y social.

La situación es crítica. Las empresas locales, que contratan personal chubutense, que tributan y reinvierten en
nuestras ciudades y la provincia, están siendo desarticuladas. Y con ellas, se debilita la economía regional, se
compromete el tejido social y se pone en riesgo el futuro de cientos de familias.

No hay “desarrollo sostenible” sin proveedores locales. No hay “equidad” si se favorece a una sola empresa. No
hay “diálogo institucional” si se silencia a quienes generamos empleo real.

-A las autoridades les pedimos que actúen.
-A PECOM, que cumpla con sus compromisos legales, contractuales y sociales.
-Fuimos y somos parte esencial del desarrollo energético regional.
-Exigimos ser parte de nuestro destino, no espectadores de nuestra propia exclusión.