En los últimos días, Perito Moreno quedó en el centro de la polémica tras las declaraciones de la concejal Pesoa, quien fue cuestionada por sugerir que el conflicto social puede ser aprovechado como herramienta de crecimiento político. La edil está identificada con el espacio del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

La controversia se intensificó luego de que la propia concejal difundiera un video en sus redes sociales con la intención de aclarar sus dichos. Sin embargo, lejos de desmentirlos, terminó ratificando su postura. Si bien pidió disculpas, no hubo una retractación de fondo, ya que volvió a justificar su accionar, lo que fue interpretado por distintos sectores como una confirmación de sus expresiones iniciales.

El episodio se da en un contexto económico complejo que también afecta a la localidad, donde las discusiones salariales y la situación de los trabajadores municipales ocupan un lugar central en la agenda. En ese marco, las declaraciones generaron malestar entre vecinos y actores locales, que cuestionaron la utilización del conflicto con fines políticos.

Tras la publicación del video, la concejal volvió a criticar al intendente local, insistiendo en cuestionamientos vinculados a la política salarial. Desde el municipio, en tanto, señalaron que durante el primer año de gestión se otorgó un incremento acumulado superior al 220%, y en el segundo más de un 60%, cifras que, según indicaron, superaron la media inflacionaria.

El caso también reavivó críticas sobre el desempeño político de la edil en etapas anteriores. En la comunidad, distintos sectores recordaron decisiones relacionadas con el ingreso de personal, la asignación de horas extras y el manejo administrativo, aspectos que hoy vuelven a estar bajo la lupa en medio del conflicto.

Desde diversos espacios locales sostienen que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de una forma de hacer política basada en la confrontación como estrategia de posicionamiento. En esa línea, vinculan estas prácticas a sectores alineados con Pablo Grasso, a quienes acusan de intentar replicar esa lógica en distintas localidades de la provincia.

La situación abrió además un debate más amplio sobre el rol de la dirigencia en contextos adversos. Mientras algunos sectores plantean la necesidad de reducir tensiones y avanzar en soluciones, otros advierten sobre el riesgo de profundizar el conflicto social con fines políticos.

Por el momento, la polémica continúa generando repercusiones en la comunidad, en un escenario donde la demanda de respuestas concretas convive con un clima de creciente tensión política.