La secretaria general de ATE seccional Las Heras, Marlene Gómez, se refirió a la situación judicial que atraviesan los dirigentes gremiales que fueron detenidos durante una protesta realizada a mediados de abril en el Hospital Distrital de Las Heras. En diálogo con El Caletense Radio, aseguró que el procesamiento se dictó sin pruebas que respalden las acusaciones y reclamó al Gobierno por el acuerdo firmado.

Gómez explicó que, tras el conflicto, el juez interviniente resolvió procesarlos y aplicarles una multa por los presuntos delitos de violación de domicilio y obstrucción del normal funcionamiento del hospital. Sin embargo, aseguró que la defensa considera que la medida se tomó sin incorporar elementos clave a la investigación.

“Entre esas pruebas se encuentran las cámaras de seguridad del Hospital, material que no fue aportado durante la investigación y que entendemos que resulta relevante para determinar con precisión lo sucedido aquel día”, expresó.
La dirigente, remarcó que tanto la denuncia como las declaraciones de los dirigentes hicieron referencia a la existencia de esos registros, pero que nunca fueron incorporados al expediente. En este sentido, señaló que se desconoce si las cámaras estaban operativas o si los registros existen, aunque sí dejó claro que su análisis permitiría determinar con precisión lo sucedido durante la protesta.

Asimismo, subrayó que el efectivo policial que ingresó a la reunión declaró los hechos sucedidos, sin describir situaciones de violencia ni circunstancias que justificaran la criminalización de una manifestación pacífica.

En este contexto, informó que esta semana se realizará la audiencia de apelación ante la Cámara de Caleta Olivia, donde la defensa expondrá los argumentos para revertir el procesamiento. Gómez insistió en que la medida es “injusta” y reiteró que no existen pruebas que respalden las acusaciones formuladas contra los dirigentes gremiales.

Por otra parte, la secretaria general recordó que durante el conflicto se firmó un acta acuerdo con el jefe de Gabinete provincial, Pedro Luxen, que contemplaba el reemplazo de dos jefaturas cuestionadas por denuncias de violencia laboral. Aunque los nuevos responsables debían asumir el 15 de mayo, aseguró que aún no fueron notificados.

“Esto genera una profunda preocupación por parte de nosotros porque demuestra una vez más la falta de cumplimiento del compromiso asumido por el gobierno provincial”, afirmó, al tiempo que reclamó respuestas concretas para el sector de salud y cuestionó la judicialización de los reclamos gremiales.

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